La Fiscalía ha recurrido la decisión del pasado 27 de noviembre de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, de citar como investigado a David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, y a otras ocho personas por las supuestas irregularidades en su contratación en julio de 2017 por parte de la Diputación de Badajoz. El ministerio público considera que aquella resolución judicial se limitaba a acordar las declaraciones para “garantizar la plena efectividad del derecho de defensa y evitar que puedan producirse contra los mismos, aun en la fase de investigación, situaciones materiales de indefensión”, pero no concretaba ni los indicios existentes contra cada una de las personas imputadas ni los delitos por los que se les investigaba. Entre los imputados está también el secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.
La decisión de la jueza de imputar a David Sánchez y las otro personas se produjo la semana pasada un día después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregara un informe en el que se apuntaba que el puesto de trabajo que fue adjudicado al hermano del presidente como coordinador de actividades de los conservatorios de la provincia de Badajoz se creó de modo apresurado en octubre de 2016 ―en ese momento Pedro Sánchez acababa de dimitir como secretario general del PSOE tras perder una votación en el Comité Federal ante sus críticos― sin detallar las “necesidades primigenias” que se pretendían cubrir con él. No obstante, los investigadores admitían que, hasta el momento, no habían podido concretar “de quién partió la iniciativa” de crear el puesto. Los investigadores también recalcaban que no habían encontrado indicios del supuesto incremento patrimonial injustificado de David Sánchez, como apuntaban la denuncia de Manos Limpias que dio origen a la investigación.
Pese a ello, la magistrada dictó un auto en el que concluía que del informe policial se desprendía la existencia de “indicios racionales de criminalidad” por la presunta comisión de delitos contra la administración pública (prevaricación y tráfico de influencias) y ordena nuevas diligencias. Además de la citación como investigados de nueve personas, ordenaba la toma de declaración como testigos de los tres directores que han tenido los dos conservatorios provinciales en los últimos años y de otros tantos peritos de la Agencia Tributaria, así como que se le requiera a la Diputación de Badajoz nueva documentación sobre el concurso para el puesto de trabajo que finalmente obtuvo el hermano del presidente y el organigrama de la delegación del Cultura.
En su recurso a esta resolución judicial, la fiscal del caso, Begoña García, incide en que si la pretensión de la jueza con la citación como investigados de David Sánchez y las otras ocho personas es garantizar su derecho de defensa, este no puede ser ejercido si no concreta previamente “los hechos que se le atribuyen”. La representante del ministerio público insiste en que la “genérica referencia que se realiza a ‘los delitos contra la Administración Pública investigado” no es suficiente y reclama a la magistrada que haga “la valoración” sobre los indicios de criminalidad que considera que se recoge tras el informe de la Guardia Civil. Por todo ello, pide la revocación del auto y que, antes de volver a citar a declarar como investigados a las nueve personas determine de manera individualizada “los hechos concretos de imputación”.
La investigación se puso en marcha tras presentar Manos Limpias una denuncia sustentada en informaciones publicadas en prensa según las cuales David Sánchez no realizaba las funciones que tenía asignadas en la Diputación de Badajoz, no acudía a su puesto de trabajo y residía en Portugal presuntamente para ahorrarse pagar impuestos en España. Además, afirmaba que el hermano del presidente tenía un patrimonio valorado en dos millones de euros, que calificaba de desproporcionado por el sueldo que percibía y su vida laboral anterior, uno de los datos que el informe de la Guardia Civil ha consideraba “erróneo”. Tras la denuncia, la juez abrió diligencias de investigación el 30 de mayo y pidió a la Diputación de Badajoz abundante documentación, además de encargar a la Agencia Tributaria y a la UCO intervenir en las pesquisas.
La magistrada ordenó posteriormente en tres ocasiones el registro de la Diputación pacense para intervenir los correos electrónicos de varias personas. La información recabada en ellos fue la base para el informe de la UCO que llevó a la jueza a dictar el auto ahora recurrido por la Fiscalía.
