El PP mantiene abiertas tres comisiones de investigación en el Senado, con el Gobierno en el punto de mira, gracias a su mayoría absoluta en la Cámara alta. La más avanzada de las tres es la que versa sobre el caso Koldo —bautizado por los populares como caso Sánchez o caso PSOE—, que acumula ya horas de sesiones, y por la que han desfilado tanto el antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, el propio Ábalos o los ministros Ángel Víctor Torres y Fernando Grande-Marlaska. El Partido Popular ampliará próximamente la lista de comparecientes, entre los que se encuentra la expareja de Ábalos, Jéssica R. G., quien según Anticorrupción disfrutó del uso de una vivienda en Madrid proporcionada a Ábalos a través de la supuesta red corrupta liderada por el comisionista Víctor de Aldama.
El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor de la causa abierta por posibles irregularidades en el Ministerio de Transportes durante la etapa de Ábalos, dictó el pasado 18 de diciembre un auto en el que pedía permiso al Congreso para suspender la inmunidad del exministro al haber encontrado contra él “indicios bastantes” de la posible comisión de, al menos, cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. El instructor entiende que “ha llegado un momento en el que la constancia de indicios cualificados” de la posible participación de Ábalos en los hechos hace imprescindible recabar la autorización de la Cámara para avanzar en la investigación. La autorización, denominada suplicatorio, se envió al Congreso, que contestó este martes desestimando las alegaciones del exministro de Transportes, hoy diputado del Grupo Mixto tras ser expulsado de la bancada socialista.
Tras este paso, el Congreso elevará al pleno para debatir y votar dicho suplicatorio, como trámite previo para que el Tribunal Supremo investigue a Ábalos. En paralelo, su expareja, Jéssica R. G., tendrá que dar explicaciones en la comisión de investigación del Senado, con obligación de acudir a la Cámara alta, aunque puede negarse a declarar. Uno de los pagos vinculados con el exministro que se recoge la Guardia Civil en sus informes es el abono de casi 90.000 euros por el alquiler del apartamento en el que residió una mujer llamada Jéssica R. G., “vinculada de manera muy personal a Ábalos”. El pago de la renta de esta vivienda se hizo, según la Unidad Central Operativa (UCO), a través de un presunto testaferro de Víctor Aldama, y de personas y sociedades bajo su control que abonaron cantidades que suman 82.298 euros.
Por otra parte, el grupo parlamentario del Partido Popular en el Senado está inmerso en los preparativos de otra comisión de investigación centrada en la devastadora dana del pasado 29 de octubre, y cuyos trabajos arrancarán antes de que finalice enero. La lista de comparecientes se desconoce por ahora, pero en privado, fuentes parlamentarias aseguran que la exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera, responsable última de la Confederación Hidrográfica del Júcar, será citada. “Teresa Ribera tiene que venir”, señala el PP sobre la hoy vicepresidenta de la Comisión Europea, de quien esperan acuda a la Cámara alta presencialmente. Sin embargo, los populares han dejado en el aire por el momento si llamarán o no a comparecer al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. “No hemos decidido los comparecientes”, ha respondido este miércoles en rueda de prensa la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, a la pregunta de si el jefe del Consell será incluido en la futura lista.
