En un acuerdo que se remonta a los pactos para investir a Salvador Illa como president de la Generalitat, los comunes y el Govern han cerrado este lunes los detalles del régimen sancionador para quienes no cumplan con la regulación de los precios del alquiler o hagan un uso fraudulento del alquiler de temporada (utilizando esta fórmula precisamente para esquivar el límite de precio). Las multas se incluirán en la Ley del Derecho a la Vivienda de 2007 y en el Código de Consumo de Cataluña y tendrán cuantías que pueden llegar hasta 900.000 euros y, en casos excepcionales, de un millón de euros.
Para que las multas sean una realidad, el Govern aprobará este martes un decreto ley que entrará en vigor el próximo miércoles 29 y deberá ser validado en un mes. Los comunes aseguran que no habrá problema para que lo valide también ERC y tenga el aval necesario. El acuerdo incluye también que en la página oficial de internet del Departamento de Territorio incluya un buzón único de denuncia de irregularidades. El pacto ha sido presentado por la líder de Comuns Sumar en el Parlament, Jèssica Albiach, y confirmado por el departamento de Territorio. Será de aplicación para los nuevos contratos.
Las multas acordadas se tipificarán como muy graves, se incluirán en la Ley catalana del Derecho a la Vivienda de 2007 y podrán oscilar entre 90.001 y 900.000 euros en tres casos: si el casero fija un alquiler a un precio que supere en un 30% lo que marca el índice oficial, si en un contrato de alquiler de temporada no consta la finalidad de la provisionalidad o si el propietario o la agencia inmobiliaria cargan los gastos de gestión a los inquilinos. Si el casero sube el precio menos de un 30% o no consta en el contrato o los anuncios el coste del anterior contrato, la multa oscilará entre 9.001 y 90.000 euros.
El acuerdo también contempla modificar el Código de Consumo de Cataluña con una infracción muy grave si el uso fraudulento del contrato de temporada lo hace un profesional o un portal inmobiliario, con una multa puede ser de entre 100.000 euros y llegar al millón de euros si las prácticas abusivas se hicieran de forma reiterada (contra una misma persona o en muchos casos) o contra una persona vulnerable.
La presidenta del grupo parlamentario de los comunes, Jéssica Albiach, ha defendido que “son acuerdos que buscan disuadir a quien ofrece contratos encadenados de alquiler de temporada a las familias inquilinas o incumplir con la limitación de precios”. “Que saltarse la ley no salga a cuenta”, ha insistido. “Es un triple blindaje para evitar el uso fraudulento del alquiler de temporada y para quienes se saltan los precios”, ha celebrado tras calificar la fórmula jurídica de “muy robusta” y señalar que el decreto “dará herramientas a los Ayuntamientos para poder sancionar”.
En un contexto en el que los socialistas han asumido que no habrá presupuesto tras el portazo de ERC, el acuerdo es igualmente relevante porque Illa necesita a los comunes como socios estables en lo que queda de legislatura. Esta misma semana el Govern afronta votaciones de decreto en el Parlament, y en los próximos meses el ejecutivo necesitará aval para aprobar modificaciones de crédito al funcionar la Generalitat con el presupuesto de 2024 prorrogado.
