Trece fiscales de sala, un tercio de los que componen la máxima categoría de la carrera, han firmado una carta en la que piden la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, “por el bien de la institución que dirige y de los miembros que la integran”. Entre los firmantes están dos ex fiscales generales, Consuelo Madrigal y María José Segarra, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y que fue la primera jefa del ministerio público del Gobierno de Pedro Sánchez. También suscriben el texto la mayoría de los fiscales que ya han apoyado otras iniciativas contrarias a García Ortiz, al que está abiertamente enfrentada una parte de la carrera, mayoritariamente conservadora. En el escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, estos fiscales sostienen que la imagen del ministerio fiscal y la propia institución “están siendo sometidas a una tensión insoportable”. Tras conocer el escrito, fuentes cercanas al fiscal general han expresado su “absoluto” respeto al proceso, sin que factores externos deban interferir.
García Ortiz está siendo investigado por un delito de revelación de secretos por la supuesta filtración de un correo enviado por el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por fraude fiscal, en el que admitía que su cliente había cometidos dos delitos fiscales y proponía un pacto que le librara de la cárcel. El mismo día en el que el Supremo abrió la causa, en octubre pasado, García Ortiz envió un comunicado en el que informaba de su decisión de mantenerse en el cargo al considerar que es “lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo”. Un día después, reunión a la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal para explicarles su decisión. Pero los fiscales de sala consideran que, desde entonces, se han producido “hitos” en la causa abierta contra él en el Tribunal Supremo que “hacen imprescindible” su renuncia al cargo.
Además de Madrigal y Segarra, firman la carta Javier Zaragoza, Antonio Narváez, Elvira Tejada, Consuelo Madrigal, José Miguel de la Rosa, Rosana Morán, Jaime Moreno, Fidel Cadena, Javier Huete, Pilar Martín Nájera, Francisco Moreno, Manuel Moix y María José Segarra. Son 13 de los 36 fiscales que ostentan la máxima categoría, incluido García Ortiz. Los firmantes consideran que la permanencia de este en el cargo mientras está siendo investigado por la Sala Penal del Supremo “provoca unos daños tan innecesarios como intolerables al prestigio de la Fiscalía, una merma de la confianza de la ciudadanía en ella y un injusto, pero real desánimo en la inmensa mayoría de los fiscales”.
En la carta, estos fiscales cargan duramente contra la decisión de García Ortiz de no responder al juez durante su comparecencia el pasado miércoles en el Supremo. El fiscal general rechazó responder al magistrado Ángel Hurtado y explicó que lo hacía porque considera que la instrucción está vulnerando sus derechos fundamentales y debería declararse nula. El fiscal hizo referencia al registro —“allanamiento”, dijo— de su despacho, que ha sido recurrido por su defensa, y se quejó de que él, al igual que su abogado y el resto de partes, desconoce el resultado de todas las diligencias practicadas hasta ahora, por lo que no podría contestar con exactitud a las preguntas del instructor, que ha denegado diligencias de instrucción que el fiscal general considera necesarias. “Creo que el instructor parte de una certeza que le impide descubrir la verdad”, afirmó ante el juez.
Los fiscales de sala que firman el escrito que han remitido al propio García Ortiz consideran que esa decisión de no responder al instructor es “impropia de un Estado de derecho” “Puede hacerlo como investigado don Álvaro García Ortiz nunca el fiscal general del Estado que, pese a ser objeto de investigación penal por el máximo órgano judicial del Estado, sigue representando al Ministerio Fiscal entre cuyas funciones se encuentra la de velar por la independencia de los tribunales”. Según estos fiscales, la dimisión no supone “asumir o aceptar ningún tipo de responsabilidad” sino que deja “dejando intacta su presunción de inocencia (…) le abre la vía para defenderse con plenitud de medios y facultades procesales y máxima dignidad, dejando, eso sí, al margen a la Institución a la que se debe”.
“Es necesario evitar la confusión entre la responsabilidad de la institución y la que pueda incumbir a quien ostenta su jefatura y representación”, señalan los fiscales, para quienes la permanencia de García Ortiz en el cargo “difumina nocivamente la delimitación de una y otra esfera”. Según los firmantes, el avance de la instrucción “superan las previsiones más pesimistas en cuanto a la erosión padecida por el ministerio fiscal”. “El panorama se ve agravado por la insólita posición en que se encuentra la fiscal actuante en la causa, contraria a la lógica procesal más elemental”.
