El Ministerio del Interior va a revisar la seguridad en torno al fiscal general del Estado después de que se hayan filtrado documentos que recogen información personal de Álvaro García Ortiz, como la dirección de su domicilio y su DNI. Estos datos figuran en uno de los anexos enviados al magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con el último informe sobre el contenido del teléfono móvil de García Ortiz, al que el alto tribunal investiga por revelación de secretos. La documentación enviada por la UCO, que se ha notificado a todas las partes personadas en la causa, recoge también la dirección postal y los DNI de todas las personas con las que García Ortiz habló por teléfono entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, el periodo en el que se centra la investigación, lo que incluye datos de particulares, miembros de la Fiscalía e incluso uno de los escoltas del fiscal general. García Ortiz ha enviado una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en la que, según fuentes consultadas, expone que en los documentos enviados a las partes se ha incorporado información, a su juicio, innecesaria para la causa.
La información enviada por la UCO responde a la petición que le hizo hace unas semanas el juez Hurtado a los agentes para que identificasen a todas las personas a las que hubiera llamado o hubieran llamado a García Ortiz durante el periodo investigado. Tras recabar esa información de las compañías de teléfono, la Guardia Civil ha enviado al instructor un informe en el que se constata que el fiscal general no habló con ningún periodista ni con nadie ajeno a la Fiscalía la noche del 13 de marzo de 2024, cuando se produjo la supuesta filtración del correo electrónico enviado el 2 de febrero a la Fiscalía por el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por fraude fiscal. Junto a ese informe, los agentes han enviado también varios anexos en los que se recogen los números que recibieron llamadas o llamaron a García Ortiz en esos días de marzo, y los datos personales de estas personas.
Fuentes consultadas señalan que el fiscal general se ha dirigido por escrito a la Secretaría de Estado de Seguridad para advertir del riesgo que puede suponerle la filtración de estos datos, tras lo cual el Ministerio del Interior ha decidido revisar las medidas de seguridad del fiscal general. Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska señalan que, en efecto, “se está revisando la seguridad” de García Ortiz, pero aún no se ha tomado una decisión sobre si es necesario reforzarla.
El fiscal general se ha dirigido también por escrito al CGPJ, al que ha informado de que la información notificada este lunes a las partes por el instructor del Supremo incorpora, “de modo manifiestamente injustificado”, los datos del domicilio particular “de todos y cada uno de los titulares de las líneas telefónicas”, incluidos fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. En su escrito, García Ortiz considera que la inclusión de estos datos supone “una infracción muy grave” y pide al CGPJ que acuerde “las medidas provisionales necesarias y proporcionadas para salvaguardar el derecho fundamental a la protección de datos” y, en especial, las previstas en el artículo 66.1 del Reglamento General de Protección de Datos, referidas al “bloqueo cautelar de los datos y a la obligación inmediata a atender al derecho solicitado”. El órgano de gobierno de los jueces ha confirmado la recepción de ese escrito, que ha sido a la dirección de surpervisión y control de protección de datos “para su tramitación”.
A lo largo de la instrucción, la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, ha pedido al juez que ponga coto a las filtraciones que se estaban produciendo en una causa en la que, precisamente, se investiga una supuesta filtración. La Abogacía considera que las filtraciones están vulnerando su derecho a la intimidad porque, además de estar provocando “un juicio paralelo, se están difundiendo datos del fiscal general del Estado, lo que supone “una brecha de seguridad”. Pero el juez no ha adoptado ninguna de las diligencias solicitadas por la defensa. “Impedir tal difusión supone poner limitaciones a un derecho fundamental, como es la libertad de expresión, que ha de ser respetado, aunque su contenido no se comparta”, señaló el instructor en un auto del pasado 3 de febrero. Si la defensa de García Ortiz considera que se están vulnerando sus derechos, añadía el juez, “siempre le queda abierta la posibilidad de hacer valer su pretensión, acudiendo a la vía que estime oportuna”.
Durante su declaración como investigado ante el juez de Supremo, García Ortiz desvinculó de la investigación abierta contra él el cambio de móvil que hizo el 23 de octubre, una semana después de que el Supremo lo encausara. García Ortiz argumentó que su teléfono alberga información “ultrasensible” y su borrado es una “imposición legal”, por lo que ha cambiado de terminal seis veces desde que llegó a la Fiscalía y elimina habitualmente el contenido de su dispositivo. El último informe de la UCO acredita que Álvaro García Ortiz borró hasta en dos ocasiones todos los mensajes de su cuenta de WhatsApp el pasado 16 de octubre, el día en el que el alto tribunal abrió la causa. Los agentes concluyen asimismo que el fiscal general ha borrado “recientemente” su cuenta de Gmail por lo que, por ahora, no se ha podido recuperar su contenido, aunque Google ha informado a la Guardia Civil de que “quizá” pueda hacerlo. Fuentes consultadas señalan que García Ortiz ha eliminado su cuenta por recomendación de los servicios de seguridad del ministerio público después de que esta fuera difundida en informes de la UCO y en escritos presentados por las acusaciones.
