Más de un año después del primer pedido de desafuero al diputado colorado Esteban Samaniego, investigado en una causa de supuesto desfalco en la municipalidad en que su esposa es intendenta, la Cámara de Diputados sigue sin dar respuesta. La Fiscalía reiteró su pedido de desafuero en dos ocasiones.
En comunicación con ABC Cardinal este jueves, el fiscal Silvio Corbeta comentó que aún está esperando una respuesta de la Cámara Baja del Congreso a su más reciente pedido de desafuero del diputado cartista Esteban Samaniego (ANR), quien es investigado junto con miembros de su familia y varias otras personas por el supuesto desvío de más de 1.100 millones de guaraníes de la Municipalidad de Quyquyhó, donde su esposa es intendenta.
En febrero, el fiscal Corbeta volvió a presentar un pedido de desafuero del diputado Samaniego, a quien la Fiscalía señala por un supuesto hecho de desfalco de fondos de la comuna de Quyquyhó junto con su esposa, la intendenta de esa ciudad, Patricia Corvalán (ANR), y la madre del legislador, Blanca Álvarez, además del empresario Andrés Arrúa Brítez y varias otras personas.
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La Fiscalía presentó imputaciones en el caso en diciembre de 2023, ocasión en que se hizo el primer pedido de desafuero del parlamentario colorado, que fue ignorado por la Cámara Baja y reiterado en marzo de 2024.
El proceso judicial contra los demás supuestos implicados, incluyendo a la esposa y a la madre del diputado, está en proceso. Sin embargo, la Fiscalía no puede procesar al parlamentario hasta que la Cámara de Diputados le quite los fueros.
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“Sería conducente que se haga lugar al pedido de desafuero para someterlo a la Justicia. Los hechos que hemos establecido son bastante concluyentes y ameritan enjuiciamiento público”, dijo el fiscal Corbeta.
La acusación
Según la acusación de la Fiscalía, la empresa BH Services, representada por Arrúa Brítez, “simuló ser una empresa constructora” y fue adjudicada con contratos de la Municipalidad de Quyquyhó por más de 1.100 millones de guaraníes para la realización de obras que, según sospecha el Ministerio Público, jamás se realizaron.
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Además, la Fiscalía sospecha que parte del dinero desviado se utilizó para realizar refacciones en una vivienda del diputado Samaniego y la intendenta Corvalán en el barrio San Vicente de Asunción.
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