La Justicia ha condenado a la Junta de Castilla y León a abonar los 1,23 millones de euros correspondientes al sindicato Comisiones Obreras que fueron suprimidos irregularmente por Vox cuando gobernaba en coalición con Alfonso Fernández Mañueco (PP). Así lo ha destacado este miércoles el secretario general autonómico de CC OO, Vicente Andrés, quien ha recordado se trataba de fondos para la acción judicial que fueron suspendidos cuando los ultras comandaban la consejería de Empleo. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) establece que el Ejecutivo debe pagar esa suma porque, pese a que los Presupuestos no contemplaran la partida, “corresponden por ley porque están en la Ley”, ha dicho Andrés. Vox, que rompió el pacto en verano de 2024 tras firmarlo en 2022, basó parte de su discurso para justificar la medida en atacar a los sindicatos.
El ardid de Vox en 2023 consistió en “aprobar unos Presupuestos donde no se recogía esa participación institucional”, ha desgranado Andrés, pues la estrategia ultra consistía en asfixiar económicamente a los sindicatos al no incluirlos en las cuentas públicas. Sin embargo, pese a no figurar en los Presupuestos y tratar de “negar el derecho”, según el jefe sindical, la normativa ordenaba que se les abonara ordinariamente. Así lo destaca el TSJCyL en la sentencia difundida por CC OO, que admite una “expectativa económica” por parte de los agraviados porque en los últimos ejercicios, con el PP gobernando solo o con Ciudadanos, sí se configuró esa subvención: “La falta de previsión de una partida específicamente considerada en los Presupuestos Generales no puede ser obstáculo para que se reconozca el derecho a la subvención nominativa”, indica el fallo.
Andrés ha destacado que el recorte provocó ajustes en el equipo humano de CC OO a causa de una medida inesperada que a la postre acaba de ser declarada ilegal. De este modo, el sindicato reclama que el exconsejero Mariano Veganzones y el entonces líder autonómico de Vox, Juan García-Gallardo, se disculpen y abonen las costas del proceso judicial, impuestas por el TSJCyL a la Junta y que se cubrirán con dinero público. Los 1,23 millones a percibir deberán añadirse a la actualización anual del IPC, según recoge la legislación del Diálogo Social.
Veganzones, quien trató de resistirse en el cargo cuando la dirección nacional ordenó a Vox romper con el PP pero que fue fulminado por Mañueco, no argumentó de ningún modo el recorte de la financiación pública hacia el sindicato. De acuerdo con la sentencia, “no consta ninguna razón o justificación que abogue por reducir o por limitar el montante económico”. Los dos años y unos meses de la extrema derecha en la Junta de Castilla y León, donde ostentaron las consejerías de Industria y Comercio, Empleo y de Agricultura y Ganadería, además de la vicepresidencia de Gallardo, se caracterizaron por constantes ataques verbales y formales contra los sindicatos.
Especialmente notoria fue la fijación contra el servicio de mediación laboral, el Serla, entidad a la que trataron de asfixiar financieramente al retirarle buena parte de los fondos públicos, pese a las quejas de los implicados, incluida la patronal de Castilla y León. El enroque fue tal que recibieron dos requerimientos del ministerio de Trabajo, liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. La despedida de Vox de la Junta por orden de la dirección nacional del partido permitió que con el PP de nuevo al frente de ese departamento se recondujeran las relaciones y la aportación autonómica a este servicio.
