José Luis Ábalos ha intentado desmontar este jueves en el Tribunal Supremo todas las acusaciones que lo señalan como un elemento clave en la trama corrupta que, supuestamente, tuvo su epicentro en el Ministerio de Transportes durante su etapa al frente de ese departamento. El exministro y ex secretario de Organización del PSOE ha declarado ante el instructor del caso, el magistrado Leopoldo Puente, y ha negado haber favorecido la adjudicación de contratos públicos a determinadas empresas a cambio de dinero o de contraprestaciones de otro tipo. “No hubo ninguna comisión. Como ya he dicho muchas veces”. Ábalos ha puesto el foco en los dos supuestos líderes de la trama, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
El Supremo, que investiga a Ábalos por su condición de diputado (lo expulsó el PSOE y se pasó al Grupo Mixto), ha llamado al exministro a petición propia, pero en calidad de investigado por delitos de tráfico de influencias, organización criminal, cohecho y malversación. Durante el interrogatorio, el exministro ha negado las acusaciones de Aldama, quien le atribuye el cobro de comisiones en efectivo y en especie. Según Ábalos, él tenía poca relación con el empresario y quien se relacionaba directamente con él era su entonces asesor. El exministro había llevado al tribunal documentación de apoyo a sus declaraciones, pero el juez y la letrada de la Administración de Justicia le han dicho que debe ir acompañada de un escrito que explique su contenido y no han recogido el documento. El exministro ha asegurado que lo presentará en los próximos días.
“Nada ha quedado en el tintero”, ha señalado el exministro tras su declaración, que se ha prolongado tres horas. “La sesión ha sido larga, se han tocado todos los extremos conocidos y publicados. Llevo mucho tiempo intentando declarar”, ha añadido. Ábalos ha contestado a todas las partes presentes (además de Ábalos, su abogado, los abogados de Aldama y Koldo García, la Fiscalía y los representantes jurídicos del PP), aunque el abogado de su antiguo asesor no ha formulado ninguna pregunta. Según fuentes presentes, antes de empezar la comparecencia, el juez ha instado a los participantes a poner el modo avión del teléfono móvil y a no usarlo durante la declaración.
Estas fuentes señalan que, durante su declaración, el exministro ha asegurado que él no tenía nada que ver con la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión S. L. durante los peores meses de la pandemia por covid 19, y que dieron origen al caso. Ábalos ha defendido la labor de su departamento, que se encargó de la adquisición de los cubrebocas y pruebas de detección del virus durante la emergencia sanitaria, y ha precisado que de los contratos adjudicados a esa empresa en concreto se encargó Koldo García.
Ábalos se ha desvinculado también del contrato de alquiler con opción a compra de una vivienda en el paseo de la Castellana que, según asegura Aldama, firmó Ábalos como garantía de futuras comisiones y del alquiler de un piso en la plaza de España que la trama, supuestamente, pagó durante tres años para su expareja. Fuentes del caso señalan que el diputado ha asegurado que esa mujer a la que se pagó el alquiler era amiga de Koldo García. También ha negado que sea cierto el listado que Aldama entregó hace unos días al instructor del caso que recoge obras de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos, que supuestamente fueron “preadjudicadas” de inicio a cambio de comisiones.
De las siete acusaciones populares presentadas en la causa, solo ha podido entrar al interrogatorio el PP, al que el instructor designó el miércoles como representante de las demás. Las acusaciones han presentado escritos reclamando poder estar presentes en la declaración de Ábalos y han acudido esta mañana al Supremo sin saber si se les iba a permitir. Daban por hecho que solo el PP podría formular preguntas al exministro, pero esperaban que les dejaran entrar para escuchar el interrogatorio o, al menos, poder seguirlo mediante una pantalla en otra sala. En un principio, el tribunal solo ha dejado acceder al interior del tribunal al equipo jurídico que representa al PP y los demás han estado en el vestíbulo a la espera de que el Supremo tomara una decisión. Tras varios minutos, el juez les ha hecho pasar para comunicarles verbalmente que solo podría entrar el PP. El instructor les ha explicado que, según su criterio, la unificación de las acusaciones populares implica que todas las actuaciones deben hacerlas a través del procurador y el abogado del PP, al que el magistrado ha designado como representante por ser la primera acusación que se presentó. A partir de ahora, según les ha informado el juez, el tribunal solo notificará sus resoluciones sobre la causa de Ábalos al procurador del PP.
“Las acusaciones populares estábamos presentes para entrar en la sala, pero se nos ha negado la entrada a todas las acusaciones populares que estamos aquí, a excepción de la del PP, que es la dirección letrada. Vamos a recurrir”, ha explicado a los medios de comunicación Luis María Pardo, abogado de Iustitia Europa, a la salida del tribunal. La representante de Vox, Marta Castro, ha criticado la decisión del Supremo, que, a su juicio, “está rayando el [mal] hacer de la administración de justicia”. “Vox pide la desunificación de las acusaciones populares”, ha añadido.
“Es la primera vez que yo me encuentro la prohibición, incluso de acceso a la sala”, ha señalado Javier María Pérez Roldán, abogado del grupo ultracatólico Hazte Oír. Alexis Aneas, abogado de Liberum, considera que “no es razonable” que las acusaciones queden ahora a expensas de lo que quiera contarles el PP y cuándo quiera contarles: “Estaremos a rebufo de lo que determine el PP”.
La unificación de acusaciones populares es frecuente en procedimiento en los que se personan varias, pero hasta ahora, según fuentes jurídicas, lo habitual era que el resto pudiera estar presente en la sala para escuchar, o al menos, pudieran seguirlo a través de pantallas. Así es como se hizo hace unas semanas en la Audiencia Nacional durante la comparecencia de Aldama en el caso Koldo. En otros casos recientes, como Lezo (la investigación sobre una trama corrupta en la Comunidad de Madrid) sí se ha dejado entrar a todas las acusaciones aunque el juez los hubiera unificado.
La declaración de Ábalos es la primera que ha convocado el magistrado Puente desde que asumió en noviembre pasado la causa contra el exministro. Al estar aforado, el instructor no puede actuar contra él sin pedir antes permiso al Congreso (mediante el llamado suplicatorio), pero el juez, como suele ser habitual en este tipo de causas, lo ha citado para que acuda voluntariamente como investigado para interrogarlo. A esta declaración se sumarán la semana que viene las de dos de los cabecillas de la trama corrupta, el empresario Aldama (16 de diciembre) y el exasesor de Ábalos Koldo García (17 de diciembre).
