Acusados por caso metrobús, sin fianza ni restricciones tras sobreseimiento – Nacionales

El Auto Interlocutorio N° 38 de fecha 6 de marzo de 2025, dictado por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, levantó todas las medidas cautelares que fueron impuestas en octubre de 2023 al exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Ramón Milciades Jiménez Gaona y la exviceministra de Administración y Finanzas del ente Marta Benítez Morínigo.

Mediante el A.I N° 38 el juzgado de Garantías dictó el sobreseimiento provisional de los procesados por lesión de confianza en la fracasada obra del metrobús, a pedido del equipo fiscal integrado por Yeimy Adle, Nathalia Silva y Giovanni Grisetti.

Lea más: Fallido metrobús: juez otorga sobreseimiento provisional a Ramón Jiménez Gaona

Es decir, con dicha salida procesal, quedaron sin efecto la fianza personal de G. 330 millones impuesta a cada uno de los encausados, la prohibición de salir del país sin autorización judicial, la prohibición de cambiar el número de celular que consta en el expediente del caso, y la obligación de presentarse entre el 1 y 10 de cada mes para firmar el libro de comparecencia y la obligación de presentarse a las citaciones que haga el juzgado a cargo de la presente causa penal.

Las medidas cautelares fueron impuestas a Marta Benítez Morínigo a través del Auto Interlocutorio N° 252 de fecha 5 de octubre de 2023; y a Ramón Jiménez Gaona mediante A.I N° 253 del 9 de octubre de ese año, firmados por el juez Otazú.

Un año para cerrar el caso metrobús

Durante el sobreseimiento provisional, que puede durar como máximo hasta un año, el Ministerio Público tiene que realizar un total de 14 actos investigativos que los agentes fiscales Yeimy Adle, Nathalia Silva y Giovanni Grisetti solicitaron al juez de Garantías Humberto Otazú, a fin de precisar el perjuicio ocasionado al Estado con el fracasado metrobús.

Lea más: Caso Metrobús: los 14 puntos que la fiscalía debe diligenciar para decidir si pide juicio oral

Al inicio de la audiencia preliminar (miércoles 5 de marzo), el equipo fiscal se ratificó en la acusación que había planteado el 11 de abril de 2014 la entonces agente a cargo de la investigación, María Estefanía González, y pidieron que la causa vaya a juicio oral y público.

Sin embargo, luego de una minuciosa revisión de todos los elementos obrantes en la carpeta fiscal, los agentes rectificaron la postura inicial y solicitaron al juez Otazú el sobreseimiento provisional de Jiménez Gaona y su exviceministra, argumentando que las dos pericias incluidas al expediente son contradictorias en lo que respecta al presunto daño patrimonial causado al Estado a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

De acuerdo a lo resaltado por el juez Humberto Otazú en el A.I N° 38 el equipo fiscal fundamento que “se halló pruebas contradictorias (sic) que dificultarían sostener la teoría expuesta inicialmente en el acto conclusivo acusatorio”, por lo cual pidió el sobreseimiento provisional del exministro del MOPC y la exviceministra de Finanzas del ente, en el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018).

Lea más: Metrobús: repudian inoperancia de Fiscalía y recuerdan que comerciantes lo perdieron todo

Permiso de municipios

Entre las diligencias que la fiscalía debe realizar en el plazo del sobreseimiento provisional, figura el pedido de informes a los municipios de San Lorenzo, Asunción y Fernando de la Mora, ya que fueron los afectados por el fallido proyecto metrobús, respecto a los documentos obrantes en sus registros acerca de las solicitudes de permisos, acuerdos y convenios firmados entre estas instituciones y el MOPC, con relación al proyecto.

Asimismo el equipo fiscal debe convocar a declaración testimonial a representantes legales de la firma fiscalizadora TYPSA; y tendrá que solicitar a la empresa LBSAS-SYSTRA desde que fecha y que servicios prestó en cuanto a la fracasada obra para el transporte público.

También se debe solicitar respuesta de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas al oficio donde se pidió la verificación de las contrataciones realizadas por el MOPC en el marco del metrobús, para que se determinen si estas se ajustaron a las exigencias legales; y que la DNCP informe si hizo un estudio de factibilidad de las obras y, en caso positivo, los antecedentes del mismo, de acuerdo al fallo del sobreseimiento provisional.

Lea más: Caso metrobús: fiscala dice que no pueden ir a juicio sin analizar 5.000 archivos de pruebas presentadas por defensores

Acusación menciona perjuicio patrimonial de casi US$ 23 millones

La acusación presentada el 11 de abril de 2024 por María Estefanía González (actualmente fiscal adjunta de Boquerón) señala que bajo la administración de Ramón Jiménez Gaona (2013-2018), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones desembolsó dinero público por obras que no cumplieron con las especificaciones técnicas y no sirven para la finalidad del “Programa, modernización del transporte público metropolitano y oficinas de Gobierno” (Metrobús).

Según dicho requerimiento conclusivo, el perjuicio patrimonial que fue ocasionado al Estado paraguayo, con la fallida obra del metrobús, asciende a la suma de G. 180.030.528.699, es decir, aproximadamente US$ 23.000.000 al cambio actual (G. 7.850).

Nueva pericia determinará el perjuicio

Debido a que la pericia de obras que había presentado el 11 de abril de 2024 la entonces fiscal de la causa María Estefanía González Arévalo, resulta insuficiente para sostener la acusación en contra del exministro del MOPC Ramón Jiménez Gaona y la exviceministra Marta Benítez Morínigo, el Ministerio Público realizará una nueva pericia de obras.

Lea más: Desprotegieron patrimonio del Estado en el fracasado proyecto metrobús

A pedido del equipo fiscal integrado por Yeimy Adle, Nathalia Silva y Giovanni Grisetti, el juzgado también hizo lugar a la pericia de obras en cuanto al estudio hidrológico y diseño de los desagües pluviales elaborados y ejecutados por la firma portuguesa Mota-Engil, que estará a cargo de sanitaristas según lo dispuesto en el A.I N° 38 que dispuso el sobreseimiento provisional.

Por otro lado, la fiscalía solicitará a la Contraloría General de la República (CGR) que practique una fiscalización especial inmediata, sobre el ejercicio fiscal 2018, 2019, y 2020, puntualmente respecto al análisis del contrato de consultoría, pagado por la administración de Jiménez Gaona a la firma CAPYME y a la fundación “Renacer”.

Asimismo el juzgado hizo lugar al estudio del contrato de consultoría con Alba Gaona, Mirian Mancuello y Sara Raquel Dominguez; y del contrato u orden de pago para la demolición de las obras construidas en el marco del proyecto metrobús.

Lea más: Fallido metrobús: “Tenemos a una asociación criminal que funge de Fiscalía”, dice Pankow

Además el MOPC deberá remitir el convenio por el cual se modificó el contrato con la empresa TYPSA, que aumentó el contrato inicial en unos G. 5.318.335.000.

Informes sobre laudo y franja de dominio

Entre las 14 diligencia que el Ministerio Público debe realizar en el plazo de un año, se encuentra el pedido de informe a la Procuraduría General de la República (PGR), con respecto al estado en que se encuentra el recurso de rectificación interpuesto contra el laudo arbitral, que está pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por la acción de inconstitucional que presentó la firma portuguesa Mota-Engil en contra de la resolución de la Cámara de Apelaciones, que redujo de US$ 19 millones a US$ 2,6 millones el monto que debe pagar el Estado a la empresa, por la rescisión unilateral del contrato.

Por otra parte, la fiscalía solicitará informes al MOPC sobre los inmuebles afectados por el proyecto metrobús, pendientes de expropiación, usucapión y/o liberación de franja u otros a cuyos frentes la contratista no accedió; indicando el motivo, las diligencias o procesos iniciados, ya sean administrativos o judiciales; o extrajudiciales, o si existen inmuebles cuyos procesos de extinción de dominio no se han realizado. Del resultado de este informe se requerirán los informes respectivos al Poder Judicial.

Lea más: Mota Engil insiste en cobrar US$ 19 millones por el fracasado metrobús