El Gobierno de Baleares ha anunciado este viernes una serie de medidas con las que busca contener la saturación turística en las islas. Las propuestas, que deberá negociar con los distintos grupos para su aprobación en el Parlamento autonómico, incluyen una subida del impuesto de turismo sostenible (ITS, más conocido como la ecotasa), la creación de un impuesto para vehículos de alquiler y nuevas limitaciones para las viviendas vacacionales, entre otras. Esto hace difícil un pacto con Vox, que aseguró que no apoyaría ninguna subida de impuestos, por lo que previsiblemente el Ejecutivo de Marga Prohens (PP) deberá acordar las medidas con la izquierda si quiere sacarlas adelante.
En concreto, el Gobierno autónomo propone que la ecotasa suba entre los meses de junio y agosto, los que concentran la llegada de turistas a las islas. De esta manera, el impuesto de turismo sostenible pasaría de 1 a 2,5 euros por persona y no en el tramo más bajo; y de 4 a 6 euros en el más alto. Con todo, la principal subida se reserva para los cruceristas que hagan escala en alguna de las islas, que en temporada alta deberán abonar una ecotasa de 6 euros por noche, en lugar de los 2 euros que se contemplan actualmente. A cambio, en los meses de enero y febrero no se pagaría ecotasa, y el resto del año se mantienen como hasta ahora.
En cuanto a la creación de un nuevo impuesto a vehículos vacacionales, la idea es compensar así el impacto de las emisiones y que la recaudación se destine a inversiones en transporte público. Este gravamen se prevé tanto para vehículos particulares que circulen de manera temporal menos de seis meses como para vehículos de alquiler sin conductor que no consten en los registros de vehículos no turísticos. La tarifa tendrá una parte fija y una variable en función de las emisiones y el tiempo de estancia, con tarifas que pueden rondar de los 30 a los 85 euros.
Las empresas de alquiler que tengan matriculados sus vehículos en Baleares podrán deducirse íntegro el impuesto de circulación, lo que compensaría el nuevo gravamen; mientras que las navieras cobrarán el impuesto a los vehículos turísticos particulares desplazados a las islas.
Otra de las medidas del Govern pasa por prohibir nuevas plazas de alojamiento turístico en viviendas plurifamiliares, algo que ya se hace en algunas ciudades como Palma. También obligar a los portales comercializadores de estos inmuebles a exigir el número de registro del alojamiento que se alquila como piso turístico (un registro que ya se ha puesto en marcha a nivel estatal y que estará plenamente operativo para verano).
Adicionalmente, la propuesta contempla aumentar las sanciones por la oferta ilegal de apartamentos turísticos en un 25 %, con multas de hasta 500.000 euros. Pero la multa podrá rebajarse en un 80 % si la vivienda sancionada pasa a destinarse al alquiler social o con precio limitado.
Por último, el Ejecutivo de Marga Prohens (PP) sugiere una nueva regulación de zonas saturadas de turismo, que podrán ser declaradas por los distintos consells insulars (consejos insulares) mediante un plan estratégico de actuación para dichas zonas. El Govern balear aspira además a aplicar un régimen extraordinario de modernización de establecimientos turísticos en zonas de reconversión, para impulsar proyectos que favorezcan un nuevo tipo de oferta.
