España logró el respaldo de la Comisión Europea a su plan de ajuste in extremis. La reforma fiscal era un de las piedras angulares de este plan y la aprobación parlamentaria llegó hace pocos días. Y con ese requisito cumplido, Bruselas ha validado la senda de gasto española para los próximos siete años, es decir, con una prórroga de tres años adicionales sobre los cuatro que marca la norma general, según ha anunciado el propio Ejecutivo europeo este martes. No obstante, esto no es más que el comienzo de un camino, porque como recuerda el vicepresidente de la Comisión y próximo comisario de Economía y Finanzas, “España se enfrenta a retos de sostenibilidad fiscal por su elevada ratio de deuda sobre PIB y el actual déficit presupuestario”.
Eso se refleja en documento divulgado este martes referente a España. En él se especifica antes de acabar el próximo año el Gobierno debe haber logrado incrementar los ingresos públicos en una cantidad equivalente a dos décimas del PIB, es decir, una cifra que es más o menos equivalente a la parte de la reforma fiscal que el Congreso de los Diputados no aprobó la semana pasada, el impuesto diésel que se tumbó con el voto de Podemos. Ambas medidas están vinculadas también al plan de recuperación, algo que las nuevas reglas fiscales consentían en la primera edición de los planes de consolidación fiscal, los presentados ahora.
Para cumplir con el camino de ajuste, en esencia, los gobiernos españoles de los próximos siete año tendrán que cumplir con un techo de gasto que pide un incremento medio del 3% del gasto público neto (sin intereses y componentes extraordinarios) entre 2025 y 2031. España ha logrado ese límite, en buena medida, por la buena marcha de la economía, puesto que la intención inicial de Bruselas era exigir un 2,8%. Fuentes del Ministerio de Economía explican que los datos de los últimos meses, con revisiones al alza del PIB de ejercicios pasados y mejora de previsiones futuras, ha ayudado a que el ajuste sea menor.
Junto a la evaluación del plan español, Bruselas presentaba este martes el análisis de los compromisos fiscales de otros 21 Estados miembros. De este grupo, solo ha quedado pendiente el de Hungría, que lo remitió más tarde. Por su parte, Países Bajos no se ha ajustado a los números que marcó la Comisión Europea.
A pesar del respaldo que reciben los planes fiscales del Gobierno para los próximos años, el aprobado no está completo. España todavía no ha remitido a la Comisión el borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2025 y eso es una carencia que está presente en Bruselas. Fuentes del Ejecutivo comunitario han mostrado su confianza en que las cuentas públicas para el próximo año llegarán “en un futuro no demasiado lejano y distante”.
