A través de un comunicado, el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay rechaza la querella criminal por prevaricato presentada contra los árbitros Hernán Casco, Juan Bautista Fiorio y Diego Moreno. El CAMP expresa su pleno respaldo a los árbitros involucrados, quienes han actuado con independencia y conforme a derecho, en un proceso administrado por la institución.
El Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (CAMP), institución con más de 25 años de experiencia administrando procesos arbitrales y dependiente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), entidad con más de 125 años de existencia, informa que ha tomado conocimiento de la querella criminal por prevaricato presentada contra los árbitros Hernán Casco, Juan Bautista Fiorio y Diego Moreno, quienes integraron un tribunal arbitral en un proceso administrado por esta institución.
El CAMP rechaza categóricamente esta denuncia, al considerar que constituye un grave ataque a la independencia y seguridad del arbitraje en Paraguay. El arbitraje es un mecanismo de resolución de controversias reconocido constitucionalmente, al cual las partes se someten de manera voluntaria y vinculante, con pleno conocimiento de sus procedimientos y consecuencias.
El proceso arbitral se desarrolló en estricta conformidad con la normativa vigente. Tras la emisión del laudo, la parte hoy querellante interpuso un recurso de nulidad ante la instancia judicial competente. Cabe señalar que la legislación aplicable contempla mecanismos de impugnación, limitando la revisión judicial a los casos expresamente previstos en la Ley de Arbitraje. En una decisión dividida, el tribunal judicial anuló el laudo por cuestiones vinculadas a la valoración de la prueba. Posteriormente, se promovió una acción de inconstitucionalidad contra dicha decisión, la cual fue rechazada, quedando firme la anulación.
Finalizada la instancia judicial, la parte querellante presentó una denuncia penal contra el tribunal arbitral. Como en todo proceso adversarial, las decisiones pueden no resultar favorables para todas las partes. Sin embargo, ni el desacuerdo con un laudo arbitral ni su anulación judicial justifican una denuncia penal ni configuran prevaricato.
El uso del derecho penal como mecanismo de presión desvirtúa el arbitraje, sienta un precedente riesgoso para la comunidad jurídica y empresarial y vulnera la seguridad jurídica. En este contexto, resulta inaceptable cualquier intento de instrumentalizar la vía penal para cuestionar decisiones arbitrales que ya fueron objeto de impugnación judicial.
El CAMP reafirma su compromiso con la defensa del arbitraje como un método legítimo, eficaz e imparcial para la resolución de controversias, y expresa su pleno respaldo a los árbitros involucrados, quienes han actuado con independencia y conforme a derecho.
Instamos a la comunidad jurídica, empresarial e institucional a proteger la autonomía del arbitraje y a rechazar cualquier intento de instrumentalizar el derecho penal como medio de presión o represalia contra los árbitros por el contenido de sus decisiones.
https://www.abc.com.py/nacionales/2025/01/31/camp-rechaza-denuncia-por-previcariato-contra-integrantes-de-tribunal-arbitral/
