Caso Metrobús: los 14 puntos que la fiscalía debe diligenciar para decidir si pide juicio oral – Nacionales

El equipo fiscal integrado por los agentes Yeimy Adle, Nathalia Silva y Giovanni Grisetti tendrá que realizar 14 actos investigativos sobre el fracasado proyecto del metrobús, específicamente sobre los hechos atribuidos a Ramón Jiménez Gaona, exministro de Obras Públicas; y a Marta Benítez Morínigo, exviceministra de Finanzas de la institución estatal.

En el Auto Interlocutorio N° 38 del 6 de marzo de 2025, el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto René Otazú Fernández dispone la realización una nueva pericia de obra, por resultar insuficiente la pericia con la que sustentó su acusación la entonces fiscal de la presente causa, María Estefanía González.

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El juzgado también hizo lugar a la pericia de obras sobre estudio hidrológico y diseño de desagües pluviales elaborados y ejecutados por la firma Mota-Engil, que estará a cargo de sanitaristas.

Además, la fiscalía debe solicitar a la Contraloría General de la República (CGR) que practique una fiscalización especial inmediata, sobre el ejercicio fiscal 2018, 2019, y 2020, puntualmente respecto al análisis del contrato de consultoría, pagado por la administración de Jiménez Gaona a la firma CAPYME y a la fundación “Renacer”.

En este punto también se dispone el estudio del contrato de consultoría de Alba Gaona, Mirian Mancuello y Sara Raquel Domínguez; y del contrato u orden de pago para la demolición de las obras construidas en el marco del proyecto metrobús.

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Otras diligencias pendientes sobre el metrobús

En el plazo máximo de un año, que puede extenderse el sobreseimiento provisional, también se deben solicitar informes a los municipios de San Lorenzo, Fernando de la Mora y Asunción, afectadas por el proyecto metrobús, en cuanto a los documentos obrantes en sus registros acerca de las solicitudes de permisos, acuerdos y convenios firmados entre estas instituciones y el MOPC, con relación al metrobús.

Además la fiscalía tomará declaración testimonial a los representantes legales de la firma fiscalizadora TYPSA; y debe solicitar a la empresa LBSAS-SYSTRA desde que fecha y que servicios prestó en el marco del proyecto.

Asimismo, está pendiente la respuesta de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas al oficio donde se solicita la verificación de las contrataciones realizadas por el MOPC en el marco del metrobús, para que se determinen si estas se ajustaron a las exigencias legales; y que la DNCP informe si hizo un estudio de factibilidad de las obras y, en caso positivo, los antecedentes del mismo.

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El MOPC también deberá informar sobre inmuebles afectados, a fin de constatar si la franja de dominio fue liberada para las obras.

Informe de Procuraduría sobre laudo arbitral

Entre las diligencias a ser tramitadas por la fiscalía para cerrar la investigación del caso metrobús está el informe a ser solicitado a la Procuraduría General de la República (PGR), con respecto al estado en que se encuentra el recurso de rectificación interpuesto contra el laudo arbitral, que está pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia, por la acción de inconstitucional que presentó Mota-Engil.

Asimismo, el Ministerio Público debe pedir a través de la PGR el documento original o una copia física o digital de los antecedentes del proceso arbitral con la firma portuguesa que estuvo a cargo de la obra.

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También está pendiente que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones remita la nota DAJ 654 del 17 de mayo del año 2018 y los antecedentes que tenga sobre el convenio modificatorio al Contrato 307 con la empresa TYPSA, por el cual se aumentó el contrato del metrobús en G. 5.318.335.000.