Un grupo de agentes llega a una empresa en la que se manejan materiales inflamables y tóxicos. Después de realizar un registro y una inspección, dejan el lugar con tres detenidos, todos vestidos con chaqueta. La imagen corresponde a la segunda fase de la operación Probirka, en la que la Policía Nacional y la Agencia Tributaria detuvieron este lunes a cinco personas en Barcelona y Valencia por el desvío a Rusia de productos catalogados como precursores de armas químicas y explosivos. La investigación completa una primera actuación policial, que trascendió el pasado octubre, en la que fueron intervenidos en el Puerto de Barcelona 13.000 kilos de una sustancia química incluida en las sanciones europeas contra Moscú y se arrestaron otras cuatro personas acusadas de liderar un entramado comercial desde España para evadir estas sanciones consecuencia de la guerra con Ucrania. Los últimos arrestados, investigados por un delito continuado de contrabando de género prohibido, tendrán que rendir cuentas ante el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.
En los últimos meses, los agentes han podido conocer mejor el funcionamiento de esta red de contrabando que, utilizando intermediarios y empresas pantalla en los países de Kirguistán o Armenia, buscaba desviar los productos químicos al verdadero usuario final en Moscú. Las últimas pesquisas han documentado “nuevas exportaciones ilegales a Rusia” de productos químicos recogidos en un listado del Parlamento Europeo y el Consejo en 2021 como susceptibles de doble uso, así como en el reglamento de 2014 (tras la anexión ilegal de Crimea por parte del Kremlin).
Entre esos envíos, los agentes han constatado “una sustancia química catalogada como precursor de armas químicas o agentes nerviosos”, y otras que pueden actuar como “precursores de explosivos”, han informado este jueves la Policía Nacional y la Agencia Tributaria. En el registro de la empresa intervinieron 70.000 euros en efectivo y documentación que está siendo analizada.
La investigación se inició en el año 2022, una vez iniciado el conflicto de Ucrania y cuando las sanciones internacionales ya estaban vigentes. Entonces detectaron una empresa, gestionada por ciudadanos de origen ruso, que había desarrollado un “sistema de triangulación comercial, logístico y económico orientado al suministro ilegal de productos químicos a Rusia”. La empresa española tenía una filial en Moscú que era la receptora última de los productos químicos, aunque este destino final era encubierto mediante una sucesión de empresas pantalla en países como Armenia o Kirguistán, añaden los investigadores. “Estas empresas interpuestas en ningún caso eran receptoras de la mercancía, que se desviaba por vía terrestre a la Federación Rusa”, explicaron los investigadores el pasado octubre.
Las primeras cuatro detenciones se practicaron en octubre en las localidades catalanas de Sant Feliu de Guíxols (Girona), Cerdanyola del Vallès y Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona). Los cinco detenidos el pasado lunes fueron arrestados en las provincias de Barcelona ―Barcelona, San Cugat del Vallés, Matadepera y Abrera― y Valencia —Bétera―. La investigación sigue abierta y los agentes siguen analizando información sobre las actividades de contrabando con destino a Rusia.
La Comisaría General de Información, encargada de investigar los delitos de terrorismo, también se ocupa de los casos de tráfico ilegal de materiales de defensa y tecnologías que puedan tener un doble uso, civil y militar. El Servicio de Vigilancia Aduanera asume la fiscalización de las operaciones de comercio internacional de estos mismos materiales.
En marzo de 2023, fueron detenidas en Gipuzkoa dos mujeres, de 39 y 35 años, acusadas de un delito de contrabando de material de defensa por su presunta relación con una trama empresarial que intentaba hacer llegar a Rusia los componentes necesarios para la fabricación de las cabinas de sus aviones de entrenamiento militar. Las arrestadas, una de nacionalidad ucrania y otra rusa, trabajaban para una sociedad radicada en Irún hace tres años que supuestamente formaba parte de una red internacional de contrabando dedicada a burlar las sanciones europeas al régimen de Moscú desde 2014 por la invasión de la península de Crimea. Esta investigación, bautizada como operación Chelico, arrancó en junio de 2021, cuando la invasión de Ucrania no se había producido.
