La Dirección General de la Policía ha impuesto una sanción disciplinaria de cinco meses y medio de suspensión de empleo y sueldo a David Barrero, el inspector jefe del puesto fronterizo de Gibraltar, que en los últimos meses ha provocado colas en La Verja al imponer controles de paso a los transeúntes que cruzan a España procedentes de la colonia británica. Según fuentes policiales, el agente ha sido objeto de tres sanciones disciplinarias por faltas muy graves, castigadas con sanciones de 60, 60 y 45 días, respectivamente. La ejecución de estas sanciones es inmediata, aunque pueden ser recurridas. Uno de los expedientes se abrió a raíz de que instalara en el puesto fronterizo una antena de radiofrecuencia sin autorización, mientras que los otros dos se instruyeron por desobediencia y por no informar a sus superiores de las medidas que tomaba.
El inspector mantiene desde hace meses un pulso que le ha llevado a presentar una denuncia ante el Juzgado de La Línea (Cádiz) en la que acusa a sus superiores de prevaricación y coacciones, por no aplicar en La Verja los controles previstos en la normativa Schengen para las fronteras exteriores. Desde que se consumó el Brexit, Gibraltar se encuentra en un limbo legal, ya que no se exige el pasaporte ni se limita el tiempo de estancia en España a los residentes en el Peñón, que solo necesitan mostrar su tarjeta roja de identidad para cruzar La Verja. Por su parte, los 15.000 españoles que trabajan en Gibraltar pasan cada día la frontera con su DNI.
La Comisión Europea permite esta situación a la espera de que concluyan las negociaciones que desde 2021 mantienen Bruselas, Londres, Madrid y Gibraltar sobre el futuro estatuto de la colonia británica en la UE, que deberían culminar con la demolición de La Verja, si tienen éxito, o con la implantación de los controles propios de las fronteras exteriores, si fracasan.
El inspector jefe ahora sancionado ha venido exigiendo en los últimos meses que se le den instrucciones por escrito sobre qué controles debe implementar en la frontera y ha advertido de que la no aplicación del protocolo Schengen supone un riesgo para la seguridad, mientras que fuentes de Interior subrayan que, al tratarse de una unidad operativa, las órdenes verbales son suficientes y que el no sellado de los pasaportes no afecta a la seguridad.
El último incidente se produjo el pasado viernes cuando el inspector jefe fue convocado por la comisaria jefe de La Línea, de quien depende, después de que, durante dos horas, ordenara exigir el sellado del pasaporte a los residentes en Gibraltar, lo que provocó un colapso en la frontera.
La orden del inspector jefe a sus subordinados, adelantada días antes por el periódico Europa Sur, provocó una reacción en cadena en la que se vieron implicados la Policía Nacional y los responsables de inmigración de Gibraltar, a quienes se solicitó desde España que no se aplicasen medidas de reciprocidad a los trabajadores españoles mientras se solventaba el entuerto. Fuentes policiales aseguraron que, al convocar al inspector jefe a la Comisaría, se trataba de “quitarlo de en medio hasta que se restableciese el orden” en la frontera. Tras la marcha de Barrero, se comunicó a su número dos por escrito que los controles de seguridad se seguirían haciendo sin sellado del pasaporte; mientras que al primero se le dijo que siguiera “haciendo las labores de su cargo en la Comisaría”, según la misma fuente.
Este no fue el primer incidente protagonizado por el inspector jefe. El pasado 11 de octubre, Barrero ordenó a sus subordinados empezar a sellar los pasaportes de los llanitos, lo que provocó que las autoridades gibraltareñas aplicaran la misma medida a los españoles. La cola se alargó cuatro kilómetros. Muchos ciudadanos ni siquiera pudieron llegar ese día a su puesto de trabajo y el hospital del Peñón se vio obligado a suspender intervenciones quirúrgicas por la falta de sus sanitarios transfronterizos. La escena se repitió el 22 de noviembre, durante algo más de dos horas, hasta que una contraorden volvió a hacer decaer los controles exhaustivos.
