La Audiencia de Girona ha condenado a tres mossos de Girona a penas de entre 9 y 10 años de cárcel por tráfico de marihuana decomisada. En concreto, la Audiencia condena a 10 años y 9 meses de prisión al cabo de los Mossos d’Esquadra Salva Muntané, que era el principal responsable de un entramado de tráfico de marihuana incautada del que formaban parte los otros dos agentes. A esos otros dos policías, Óscar Hernández y Joan Francesc Pozo Kiku, les impone 9 años y 9 meses y 10 años y un mes de cárcel, respectivamente. Los abogados de las defensas han anunciado que recurrirán. Aunque se les ha juzgado por unos hechos de 2020, el delator por el cual se inició la investigación aseguró que el cabo ya le propuso este “trapicheo” en 2006 y que duró hasta 2018, intermitentemente.
La sentencia castiga al cabo con 4 años y 3 meses por un delito contrala salud pública agravado por su cargo, 2 años y 6 meses por hurto, 6 meses por pertenencia a grupo criminal y 3 años y 6 meses por falsedad en documento oficial. Además, le multa con 14.245 euros y le inhabilita para ejercer como policía tanto del cuerpo de Mossos d’Esquadra como de cualquier otro durante el tiempo de condena. A Óscar Hernández se le imponen 4 años de cárcel por delito contrala salud pública, 3 meses y medio por pertenencia a grupo criminal, 2 años y medio por hurto y 3 años por falsedad en documento oficial cometida por funcionario público, así como la misma multa que a Salva Muntané y se le inhabilita igualmente como policía.
El tercer agente, Joan Francesc Pozo, ha sido condenado a 4 años y 3 meses de prisión y una multa de 17.582 euros por delito contra la salud pública, 3 meses por pertenencia a grupo criminal, 2 años por hurto y 3 años y 7 meses por descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público. Del mismo modo, se le inhabilita para ejercer en el ámbito policial durante todo ese tiempo. En cuanto al matrimonio formado por Albert Borrell Pitu, un traficante local, y Margarita V., ambos acusados de formar parte del entramado, al primero se le imponen 2 años y 3 meses de cárcel por delito contrala salud pública y pertenencia a grupo criminal y a ella se la absuelve de todas las acusaciones.
Los agentes se declararon inocentes durante el juicio de unas acusaciones respaldadas con imágenes y audios captados en el vehículo no logotipado que utilizaban y a través de las cámaras de la comisaría, que registraron a uno de ellos con bolsas de droga. La mayoría de grabaciones que se reprodujeron durante la vista eran conversaciones entre Kiku y Pitu, en la que también aparecían compradores de la marihuana.
La investigación de los tres policías de Investigación de la comisaría de Santa Coloma empezó en 2021 tras la denuncia de un traficante encarcelado. Según detalló a la División de Asuntos Internos (DAI), la trama de los policías compinchados con traficantes para vender droga incautada empezó 3 o 4 años antes. Les denunció, presuntamente, tras hacer tratos con ellos y sentirse que no le habían protegido. Al principio la DAI creyó que el preso mentía y lo hacía por venganza, sin embargo al ir contrastando las llamadas y datos que les daba, vieron que era cierto y estarían falseaban los atestados y vendiendo la droga. Se les investiga además por descubrimiento y revelación de secretos porqué habrían consultado bases de datos policiales para tener información de otros traficantes y evitar que fueran competencia.
