La Corte Suprema de Justicia abrió un sumario a las juezas Carmen Elizabeth Silva Bóveda y Ana Graciela Aguirre Núñez por presunta asociación criminal y vínculos con el crimen organizado. Además, suspendió sin goce de sueldo a la magistrada Silva y remitió el caso al Ministerio Público y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. También ordenó una auditoría de sus causas y solicitó reforzar la seguridad del juez denunciante.
En una sesión extraordinaria realizada este viernes a las 19:40, los ministros de la Corte Suprema de Justicia resolvieron abrir un sumario a las juezas penales de Pedro Juan Caballero, Carmen Elizabeth Silva Bóveda y Ana Graciela Aguirre Núñez, por su participación en “presuntas conductas ilícitas como asociación criminal para todo tipo de hecho punible grave, entre ellos crímenes y sicariatos”. Además, el pleno aprobó la suspensión sin goce de sueldo de la magistrada Carmen Silva.
Argumentos de la ministra Llanes
La moción fue presentada por la ministra María Carolina Llanes, quien destacó la gravedad del caso, surgido a raíz de mensajes hallados en el celular del fallecido diputado Lalo Gomes, abatido durante un allanamiento en su domicilio.
Llanes sostuvo que los mensajes revelan indicios de asociación criminal y que ambas juezas habrían demostrado una colaboración incondicional con grupos criminales, utilizando el sistema penal en favor de estas organizaciones y afectando gravemente la administración de justicia.
La ministra solicitó que, además del sumario y la suspensión preventiva de Carmen Silva, el caso sea remitido al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) para evaluar posibles sanciones. También pidió que la Fiscalía inicie un proceso penal por la posible comisión de crímenes y que la Contraloría General de la República realice un examen de correspondencia de los bienes patrimoniales de ambas magistradas.
El pleno de la Corte aprobó todas las medidas solicitadas por Llanes.
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Posiciones de otros ministros
El ministro Eugenio Jiménez Rolón manifestó su apoyo a la decisión, afirmando que los hechos denunciados atentan contra la justicia y podrían configurar obstrucción de la persecución penal y prevaricato.
“Hablamos increíblemente de la participación de magistradas en obstrucción de la persecución penal, hasta de posible prevaricato (…) Está en juego el futuro de la República, si no actuamos de esta manera, ¿para qué estaríamos?“, concluyó.
Por su parte, Alberto Martínez Simón propuso que se realice una auditoría de todas las causas en las que intervinieron las juezas investigadas, pues los resultados podrían aportar datos relevantes tanto para el sumario como para las investigaciones en la Fiscalía y el JEM.
En tanto, César Garay Zucolillo calificó el caso como un agravio a la institucionalidad del país y apoyó la suspensión de la magistrada Silva. Además, como miembro del JEM, se comprometió a impulsar el tratamiento del caso el próximo lunes.
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Corte solicita reforzar seguridad de juez denunciante
Finalmente, el presidente de la Corte, César Diesel, pidió al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional reforzar la seguridad del juez Osmar Legal, quien presentó la denuncia basada en los chats extraídos del celular de Lalo Gomes. Asimismo, solicitó a la Senabico la provisión de un vehículo blindado para el magistrado. Ambas solicitudes fueron aprobadas por el pleno.
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