El estallido de la bomba originada con la extracción de datos del teléfono celular del fallecido diputado colorado cartistas Eulalio “Lalo” Gomes, dejó al descubierto una de las tantas variantes de la corrupción en esferas del Ministerio Público y el Poder Judicial, de las que se tenías sobradas sospechas, pero nunca tantas pruebas. El hecho podría terminar beneficiando indirectamente -si es el punto de partida de una bonanza de transparencia- a un amplio número de víctimas de un no menos escandaloso caso, conocido como “Mafia de los Pagarés”, que lleva al menos una década cargando de angustias y penurias a trabajadores del sector público, fundamentalmente docentes.
La “Mafia de los Pagarés” puede definirse como la asociación delictiva entre empresarios privados y funcionarios públicos de Fiscalía, Poder Judicial y algunos ministerios, a través de la cual se concreta la venta a crédito de electrodomésticos o directamente de préstamos con tasas usurarias a miembros del magisterio o de otras oficinas públicas.
Estos, salvo excepciones, cancelan las deudas, pero al no ocuparse del rescate de sus pagarés (que las firmas vendedoras, muchas de ellas de maletín, además los esconden) estos son reactivados como testimonios de deudas no honradas, en juzgados remotos a la base operativa de la víctima, lo cual limita la capacidad de reacción de estas. En juicios exprés, por lo general sin participación a los afectados, la rosca fiscal-judicial apura los pasos para lograr los embargos salariales a los incautos trabajadores públicos, en su mayoría de bajos ingresos, que sufren horrores y se pasan meses sin percibir sus haberes, absorbidos por los descuentos.
Cantados han sido los afectados que tuvieron el coraje y la perseverancia para enfrentar al monstruo impune que los desvalijaba sin piedad y tienen causas abiertas intentando lograr condenas contra sus verdugos. El nuevo escenario que pone los ojos sobre las manipulaciones que perjudican a la ciudadanía honesta y trabajadora, tal vez estimule a otros damnificados a tomar la misma decisión y busquen reparar mínimamente el daño soportado, que muchas veces no solo afecta al bolsillo, sino también a la salud.
Como ejemplo, un caso
La causa N.°: 922/2024, bajo el nombre de “Vanessa y Asociados s/ Estafa” fue abierta a raíz de la denuncia de la afectada, Ángela Mabel Zárate, en el Juzgado de Villa Hayes, pese a que la misma reside en Carapeguá y desarrolla su actividad laboral en Asunción.
Zárate honró plenamente una compra financiada a la empresa citada, propiedad de Julio César Paiva Krause y Mirtha Metel, en 2015. Sin embargo, el mismo pagaré cancelado, apareció luego en dos Juzgados, primero en Nueva Italia y luego en Benjamín Aceval. La representante legal de la firma es la abogada Zully Ortiz García.
Paiva Krause y su esposa Mirtha Metel fueron imputados por este hecho por el fiscal de Villa Hayes Armín Echeguren, pero pese a ello ni él ni la fiscala adjunta de la jurisdicción, Alba Rocío Cantero, han tomado la decisión natural de remitir a la Fiscalía de Delitos Económicas el cuaderno fiscal de investigación identificado como: “Vannesa y Asociados S A. s/ Estafa causa N 922/2024”.
Esta actitud deja abierta la sospecha de que habría una intención de no avanzar en la causa, con el presunto propósito común de lograr la impunidad de los investigados, tomando en cuenta las manifestaciones de la afectada, que relata un plan de omisiones, dilaciones del proceso de investigación, falta de diligencias y presumible mal desempeño en sus funciones, lo cual ha sido puesto a conocimiento del Fiscal General del Estado, a través de una denuncia, que señala además el hecho de que el fiscal Echeguren gestionaría para los imputados medidas menos gravosas y benévolas (asociación criminal), dándose satisfecho con la mera imputación.
Congelado en el JEM
El caso de la “Mafia de los Pagarés” duerme hace meses en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que tiene cajoneada una acusación promovida contra el Juez de Paz de la ciudad de Benjamín Aceval, Roberto Ferreira Ovelar, quien actualmente se encuentra sumariado por la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, por su posible implicancia en la tramitación de la duplicidad de cobros de pagarés fuera de los límites de su competencia y jurisdicción
https://www.abc.com.py/nacionales/2025/02/05/destape-a-raiz-de-chats-de-lalo-podria-beneficiar-a-las-victimas-de-la-mafia-de-los-pagares/
