La Administración de EE UU acelera su cambio de rumbo desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. A raíz de la nueva regulación antidiscriminación aprobada por Washington que pone un cerco a las políticas de diversidad, igualdad e inclusión, las embajadas estadounidenses están pidiendo a sus proveedores locales que aseguren que cumplen con el nuevo marco y no aplican ninguno de estos programas. “La Embajada de EE UU en España, como todas nuestras embajadas en el mundo, está comunicando a nuestros proveedores locales de productos y servicios el nuevo marco de trabajo basado en las recientes órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Trump”, detalla un portavoz de la oficina diplomática estadounidense en España. “Queremos asegurarnos que nuestros contratos cumplan con todas las leyes federales antidiscriminación y que los proveedores no operen programas que promuevan la diversidad, equidad, e inclusión, que violen las leyes federales existentes”, añade.
Todas las embajadas de EE UU tienen que acatar la orden presidencial de suprimir las políticas dirigidas a la diversidad, la igualdad y la inclusión, según confirman fuentes diplomáticas estadounidenses de otro país europeo. Las delegaciones estadounidenses en el exterior deben preguntar a sus proveedores que certifiquen que no aplican ninguna política interna “de diversidad e inclusión que viole las leyes antidiscriminación” federales. Este requisito deberá probarse a través de la firma un documento en el que se certifica el “cumplimiento de la conformidad sobre las leyes federales antidiscriminación”, según ha adelantado el diario El Confidencial, y afecta a las empresas sujetas a la ley estadounidense que colaboran con los organismos federales, en el que se incluyen las oficinas diplomáticas.
De no remitir la información requerida, las empresas se enfrentan a una congelación de los pagos. “Todos los proveedores del departamento de Estado deben certificar que no aplican ningún programa que promueve los DEI [programas de diversidad, igualdad e inclusión, en sus siglas en inglés] que violen cualquier ley antidiscriminación aplicable y acepta que dicha certificación es importante a los efectos de la decisión de pago del gobierno y, por lo tanto, está sujeta a la ley de reclamaciones falsas”, cita el documento remitido por la Embajada de España.
Fuentes empresariales estadounidenses en España explican que la obligación solo afecta a los proveedores directos de la Embajada de EE UU o de cualquier órgano o similar relacionado con el Gobierno Federal estadounidense o su Departamento de Estado, que incluye las oficinas diplomáticas. Es decir que, en general, las empresas de EE UU que operan en España se libran de esta imposición, siempre y cuando no sean proveedores directos de estas instituciones. Otras fuentes matizan que aún es pronto para saber cuáles serán las consecuencias reales de la nueva disposición y cómo se aplicará en la práctica.
Mientras tanto, la medida ya ha causado la reacción del Gobierno español. La Vicepresidencia Segunda y Ministerio de Trabajo, bajo el mando de Yolanda Díaz, considera que exigir a empresas que no apliquen políticas de igualdad y de diversidad para poder operar con Estados Unidos es una “flagrante vulneración” de la legislación nacional y ha asegurado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social vigilará que se cumpla la regulación vigente. En España es obligatorio para las compañías con más de 50 trabajadores poner en marcha un plan de igualdad LGTBI desde el año pasado y el departamento de Díaz recuerda que las compañías españolas “tienen que cumplir escrupulosamente tanto con los planes de igualdad y la normativa relativa a la igualdad como con la protección de la diversidad” previstos por el ordenamiento jurídico y constitucional. En este sentido, Trabajo afirma que “no permitirá que ninguna empresa esquive el marco normativo” nacional y “que se incumplan las obligaciones en materia de igualdad, diversidad y no discriminación para poder operar con EEUU”.
La Administración Trump, sin embargo, rema en el sentido opuesto. El magnate, acérrimo opositor de la ideología woke, está intentando revertir años de avances en materia de derechos civiles a golpe de órdenes ejecutivas. Erradicar las políticas de diversidad, igualdad e inclusión es una promesa que defendió durante la campaña electoral y ahora, ya en el cargo, se ha puesto manos a la obra. De hecho, el desmantelamiento de los llamados programas DEI ha sido una de las prioridades del nuevo inquilino de la Casa Blanca. Nada más llegar a la presidencia comunicó la suspensión de empleo de los funcionarios de las agencias federales encargados de fomentar planes de diversidad, equidad y obligó a que todos estos planes terminaran.
En la misma línea, decretó que debe primar “la contratación de personas comprometidas con la mejora de la eficiencia del Gobierno Federal” y se tiene que “impedir que se reclute a personas en función de su raza, sexo o religión, y que no estén dispuestas a defender la Constitución o a servir fielmente al poder ejecutivo”. De la misma forma, ha firmado una orden ejecutiva en la que entierra la identidad de género y solo reconoce “la categoría biológica de sexo” masculino o femenino.
