El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes, por 6 votos a 4, la solicitud de recusación del magistrado José María Macías, miembro del sector conservador del tribunal, a quien la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden apartar de las deliberaciones sobre la ley de amnistía. Por otra parte, el pleno ha asumido el debate sobre el primero de los 16 recursos presentados por órganos de las comunidades autónomas (15 del PP y Castilla-La Mancha, del PSOE). Aunque en un primer momento el Constitucional dejó en suspenso esos recursos al dudar sobre la competencia de las autonomías para impugnar la ley, un informe de los letrados del tribunal ha concluido ahora que sí son competentes.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado (el servicio jurídico del Gobierno) basaron su solicitud de recusación del magistrado Macías en su supuesta falta de imparcialidad, evidenciada en dos informes contrarios a la ley de amnistía elaborados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando Macías era vocal de esa institución. En esos informes se sostenía que la ley es inconstitucional.
Los magistrados del sector conservador del Constitucional, en cambio, sostienen que en este caso hay que aplicar un criterio similar al que llevó a rechazar la abstención de la magistrada Concepción Espejel cuando esta quiso quedarse el margen de las deliberaciones sobre la ley del aborto. Dicha abstención no se admitió por los doce años transcurridos desde la elaboración del informe sobre la normativa en el que ella había participado, y porque este dictamen no fue aprobado oficialmente.
