El Gobierno ha aprobado este martes en su reunión en el Consejo de Ministros el anteproyecto de ley para reducir la jornada máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales en cómputo anual y sin recorte salarial. Tras este visto bueno, el Ejecutivo envía el texto del anteproyecto de ley —que fue pactado el pasado 20 de diciembre entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CC OO y UGT— a que reciba los informes institucionales preceptivos y, posteriormente entrará en el Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo ha admitido que tendrá dificultades para sacarlo adelante y que pueda entrar en vigor.
Así lo han reconocido expresamente este martes, en la rueda de prensa posterior a la reunión ministerial, tanto el titular de Economía, Carlos Cuerpo, como la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría. El primero, tras las tensiones vividas con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a cuenta del recorte del horario, ha asegurado que las dos formaciones del Ejecutivo de coalición “comparten la necesidad de avanzar en la reducción de la jornada y en hacerlo lo más rápido posible”. Para después admitir que el Gobierno “ya tiene en marcha esa negociación parlamentaria, que no va a ser fácil”, pero que pondrá todos los esfuerzos para llegar a un consenso lo antes posible.
En esta misma línea, la ministra portavoz ha indicado que el Ejecutivo “no es ingenuo” y es “consciente” de su situación de “minoría parlamentaria” y de las dificultades consiguientes para obtener mayorías. Más en concreto, y preguntados los tres ministros comparecientes, por la resistencia anunciada por Junts a aprobar la medida en la cámara baja, Alegría reconoció también que las negociaciones del Gobierno con los nacionalistas catalanes son “constantes y complejas”.
Algo más optimista se mostró la vicepresidenta Díaz, quien rechazó que la advertencia de Junts a un posible rechazo a respaldar la reducción de la jornada fuera una amenaza al Gobierno. “Las formaciones políticas no amenazan, dialogan y negocian, y esto es lo que vamos a hacer”, ha insistido la ministra de Trabajo, si bien, Díaz se negó a desvelar el contenido de las conversaciones que ya están manteniendo con los catalanes. Al contrario, prefirió desviar el foco de atención hacia las filas del PP, a quienes emplazó a que se retraten en la votación parlamentaria de la reducción de la jornada.
“La pregunta es si el PP va a repetir el error de la reforma laboral (contra la que votó en contra en el Congreso) o va a aprovechar este cambio histórico —que según Díaz supone el recorte de la jornada— para reconciliarse con sus votantes”, quienes, en su opinión, “también quieren la reducción del tiempo de trabajo. O si, por el contrario, “la preocupación será tener una oposición absolutamente destructiva e inútil”, ha señalado la vicepresidenta.
Respaldo ciudadano
En cualquier caso, Díaz ha reconocido, en el marco de las negociaciones con Junts, que Cataluña tiene un tejido empresarial propio con fuerte presencia de pymes y, por tanto, el Gobierno hará incidencia en ello. Pero también ha lanzado una advertencia ante cualquier posible voto en contra de la jornada máxima de 37,5 horas: “Cuando una medida está ganada en la calle, es muy difícil encontrar razones para tumbarla”, ha indicado en referencia al respaldo ciudadano que el Gobierno encuentra en esta medida.
A estas dificultades reconocidas por el Gobierno para sacar adelante la medida en el Parlamento, se une la presión que las organizaciones empresariales han anunciado este mismo martes que ejercerán en el Congreso para frenar este recorte de la jornada laboral máxima legal sin reducción de los salarios. El presidente de la gran patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que los empresarios “defenderán sus posturas (de rechazo a la reducción horaria) y trasladarán a los partidos políticos sus opiniones, también legítimas”.
Todas estas dificultades no desaniman a Díaz, que ha pilotado la negociación con empresarios y sindicatos para reducir la jornada máxima legal durante los últimos once meses. “Va a ser un debate (parlamentario) más sencillo de lo que parece; siendo complejo, está bien circundado y la fuerza que lo sustancie será de la gente, no de las formaciones políticas”, ha resaltado la ministra de Trabajo. De hecho, este martes ha vuelto a defender una vez más que la medida “mejorará sustancialmente la productividad, reducirá el absentismo y democratizará los beneficios (empresariales)”.
