Ángel Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo, ha citado a declarar como testigos a Pilar Sánchez Acera, exdirectora del secretario de Estado del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y actual secretaria de Organización del PSOE de Madrid, y a Francesc Vallès, ex secretario de Estado de Comunicación, en la causa abierta por revelación de secretos contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. El juez instructor quiere indagar en el “recorrido que pudo haber tenido” el correo del abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid por el PP), que acabó filtrado a la prensa.
Con este movimiento, que Hurtado toma a petición del pseudosindicato Manos Limpias —personado como acusación popular—, el magistrado comienza a recorrer otra línea de investigación que ya señaló en una de sus resoluciones anteriores. Cuando citó como imputado al fiscal general, el juez aseguró que una copia del email del abogado del novio de Ayuso, además de filtrarse supuestamente desde el ministerio público a varios medios de comunicación, había “salido” desde la Fiscalía General del Estado con “destino” a la Presidencia del Gobierno, para “circular” después hasta la web El Plural, que lo publicó el 14 de marzo por la mañana. “Llegado [ese correo] a Presidencia del Gobierno, se puso a disposición del testigo Juan Lobato, portavoz del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid, al objeto de que hiciera uso de él con una clara finalidad política”, apuntó el juez. Lobato afirmó que se lo había facilitado Sánchez Acera.
La cúpula de la Fiscalía General del Estado ha negado en reiteradas ocasiones que filtrase ese email, fechado el 2 de febrero de 2024, donde el abogado de González Amador admitía dos delitos fiscales y ofrecía un pacto al ministerio público para evitar la entrada en prisión de González Amador. Varios medios de comunicación, entre ellos EL PAÍS, publicaron ese correo electrónico después de que el diario El Mundo difundiese la información tergiversada de que el fiscal había ofrecido un acuerdo al novio de Ayuso —cuando había sido realmente al revés—. Todo ello, cuando el equipo de la presidenta regional y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, alentaban el bulo de que esa oferta era una especie de chantaje político para dañar a la dirigente del PP y, además, había sido retirada después por órdenes de arriba.
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