El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, llega al final de su escapada. Tras decretar una ley marcial la semana pasada, que estuvo en vigor seis horas, hizo tambalear las instituciones democráticas, y ha sumido al país en una de sus mayores crisis en décadas, el dirigente ha perdido una moción de destitución en la Asamblea Nacional (el Parlamento). La iniciativa para tumbar al jefe del Estado ha sido aprobada con 204 votos a favor, 85 en contra, 3 abstenciones y 8 votos nulos. Ahora será el Tribunal Constitucional el órgano encargado de decidir si restituye o destituye a Yoon. De ser ratificado por el tribunal, se convertiría en el segundo jefe del Estado destituido, después de la moción contra la expresidenta Park Geun-hye en 2017. Pero podría llevar tiempo: el tribunal tiene hasta seis meses para deliberar. Hasta entonces, será el primer ministro, Han Duck-soo, segunda autoridad estatal, quien asuma las funciones de jefe de gobierno.
El resultado, en cualquier caso, es un triunfo político de la oposición. En apenas una semana las tornas han girado. Yoon resistió el sábado pasado a una moción planteada en su contra por la oposición, después de una atropellada sesión que estuvo marcada por el boicot los diputados de su propia formación, el conservador Partido del Poder Popular: todos menos tres abandonaron en masa el hemiciclo, mientras la Asamblea era rodeada por decenas de miles de ciudadanos que desafiaban al frío para reclamar la caída del presidente.
Para que la iniciativa para destituirlo fuera aprobada se requerían sumar los dos tercios de la Cámara (200 de los 300 escaños), por lo que el bloque opositor necesitaba recabar el apoyo de al menos ocho votos de la formación de Gobierno. En los últimos días, hasta siete parlamentarios del PPP se habían inclinado de forma pública a favor de poner fin al mandato de un jefe del Estado que era, desde la declaración de la medida extrema, una especie de zombi político, sin poder real, y está cada vez más cercado por una investigación por liderar una insurrección, un delito que podría acarrear incluso la pena de muerte.
Frente a las puertas de la Asamblea, en las calles de Yoeuido, la isla fluvial donde tiene su sede el poder Legislativo, se han ido congregando a medida que llegaba la hora de la votación (ha arrancado a las a las 16.00 hora local, las 8.00 de la mañana en la España peninsular) de nuevo miles de personas de forma pacífica, agitando carteles que reclaman el cese de Yoon y palos luminosos de colores, uno de esos objetos habituales en los conciertos de k-pop. Las protestas en Corea tiene un aire alegre, son congregaciones más festivas que combativas. Los organizadores de la convocatoria estimaban que se podrían reunir este sábado hasta un millón de personas, aunque las cifras policiales rondan las 150.000 personas.
“Yoon Suk-yeol movilizó a los militares para destruir la Constitución. Ha destruido la democracia que se ha desarrollado a través de sangrientas y sudorosas luchas durante las últimas décadas”, reclamaba Kim Min-moon, representante permanente de la Asociación de Mujeres Coreanas Unidas, que ha tomado la palabra como oradora principal en el evento convocado a las puertas de la Asamblea. “La única solución constitucional es la destitución”, ha dicho, según ha recogido la agencia local Yonhap.
La nueva moción fue presentada el jueves por el principal partido de la oposición, el Partido Democrático (PD), de centroizquierda, y otros cinco partidos minoritarios el jueves, argumentando que la declaración de ley marcial de emergencia de Yoon violaba la Constitución y otras leyes.
Yoon decretó la medida extrema de forma sorpresiva en la noche del pasado 3 de diciembre, abriendo la caja de los demonios más oscuros del pasado autoritarismo militar en la que hoy es una de las democracias más sólidas de Asia. El presidente surcoreano justificó la decisión con un batiburrillo de argumentos contra la oposición, a la que acusó de controlar el Parlamento, ejercer actividades antiestatales y de simpatizar con Corea del Norte.
El anuncio de Yoon se topó inmediatamente con el rechazo mayoritario de políticos opositores y de su propio partido, y la Asamblea logró poner fin a la medida extrema en las siguientes horas gracias a una votación extraordinaria celebrada en la madrugada mientras los militares, que cumplían órdenes del jefe del Estado, trataban de acceder al hemiciclo e interrumpir la sesión.
Desde entonces, los ciudadanos han tomado las calles con numerosas protestas, vigilias y peregrinaciones, mientras la oposición trataba de forzar la caída de Yoon, mediante su dimisión o una moción de destitución. Con Yoon sumido en un incómodo silencio los primeros días, el partido de Gobierno ha tratado de controlar los tiempos de su renuncia, pero sin especificar los plazos. La situación se ha ido volviendo insostenible a medida que han ido avanzando las investigaciones sobre la trama de la ley marcial. Algunos de los mandos militares implicados han revelado como Yoon llegó a pedir al Ejército que irrumpieran en la Asamblea y arrestaran a líderes políticos. La Policía acudió el miércoles a registrar las dependencias presidenciales, incluida la oficina del jefe del Estado, y las autoridades de la Oficina de Investigación de la Corrupción de Altos Funcionarios, encargada de dirigir las pesquisas, ya valoran la detención del mandatario. La investigación ya se ha cobrado algunas piezas de valor, dando lugar a arrestos como el del exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, quien el miércoles trató de quitarse la vida en prisión.
A la votación de este sábado se ha llegado con casi un 75% de los surcoreanos a favor de la destitución y con un exiguo 11% de aprobación de Yoon, el nivel más bajo desde que asumió la jefatura del Estado en mayo de 2022, según un sondeo urgente de Gallup elaborado esta semana y publicado el viernes.
El jueves, el aún presidente de Corea del Sur, aferrado al cargo, defendió, en una alocución televisada sin preguntas, su actuación como un “acto de Gobierno”; rechazó los cargos de insurrección y agitó de nuevo el fantasma de la intromisión norcoreana en los asuntos públicos. También aseguró que lucharía hasta el final, fuera cual fuera ese epílogo: la citada investigación que lo coloca como líder de la trama o la nueva moción de destitución presentada contra él.
