El Tribunal Supremo ha rechazado este martes por unanimidad anular el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. La Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) ha desestimado el recurso presentado por una asociación de fiscales contra la decisión del Gobierno de renovar a García Ortiz para el cargo en diciembre de 2023. La resolución del Supremo, que insufla oxígeno al jefe del ministerio público en el momento más crítico de su mandato, llega un día antes de que García Ortiz tenga que acudir al alto tribunal para declarar ante el juez que le investiga por revelación de secretos.
El recurso contra la decisión del Gobierno de renovar a García Ortiz al frente de la Fiscalía General lo presentó la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) en febrero de 2024, un mes antes de que se produjeran los hechos que han derivado en la imputación del jefe del ministerio público por la filtración de un correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e investigado por fraude fiscal, en el que el letrado admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y proponía a la Fiscalía un pacto que le librara de la cárcel.
La APIF, una asociación minoritaria y abiertamente enfrentada a García Ortiz, impugnó el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2023 para renovarle en el cargo. Según esta asociación, García Ortiz “no es idóneo” para desempeñar esa función por una “sucesión de errores jurídicos, despropósitos y omisiones graves”, entre los que la asociación, en el momento de interponer el recurso, citó la anulación por el propio Supremo del ascenso a fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera, que propició García Ortiz para su antecesora en el cargo, Dolores Delgado. En esa sentencia, la misma sala que ahora ha rechazado revocar el nombramiento del fiscal general consideró que García Ortiz incurrió en “desviación de poder” para favorecer a Delgado.
