En el Congreso Nacional avanza la intención de derogar la Ley N° 7447/25, que unificó los costos de las patentes vehiculares. El senador Ever Villalba detalló las modificaciones que se implementarán tras su derogación para restablecer la autonomía municipal y corregir desigualdades en el sistema tributario.
En el Congreso Nacional se busca llegar a un consenso para derogar la recientemente promulgada Ley N° 7447/25, que establecía la unificación del costo del impuesto de patentes vehiculares en todo el país. Tras su derogación, se pretende introducir modificaciones a la Ley N° 620/72, devolviendo a los municipios la potestad de fijar los tributos conforme a sus realidades locales.
El senador liberal Ever Villalba, explicó que la Ley N° 7447/25 fue aprobada de manera apresurada y afecta la autonomía de las municipalidades.
“Si bien la intención original era evitar que ciertos municipios habiliten oficinas en las cercanías de Asunción para ofrecer patentes a bajo costo, la solución adoptada terminó generando inequidad, afectando tanto el valor de los rodados como la capacidad de los municipios de brindar infraestructura vial adecuada”, expresó.
Las modificaciones propuestas buscan restituir a las municipalidades la facultad de establecer los montos de patentes y habilitaciones conforme a su contexto social y económico. Para evitar irregularidades, se implementaría un control más estricto sobre el domicilio del contribuyente, verificándolo mediante el registro cívico permanente o facturas de servicios básicos.
Asimismo, el proyecto contempla la creación de un adicional para vehículos de 0 a 5 años, cuyo monto disminuiría progresivamente con la depreciación del automóvil. En el caso de los vehículos eléctricos, se prevé una exoneración de este adicional como incentivo a su uso.
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Sanciones y multas
Otro punto clave es la nulidad de las habilitaciones otorgadas de manera irregular, además de la imposición de multas a los intendentes o administradores municipales que incurran en estas prácticas. La Agencia Nacional de Tránsito se encargaría del control y cobro de dichas sanciones.
Finalmente, se plantea corregir una omisión de la normativa anterior, que exigía ser vecino del municipio para la habilitación del rodado, pero no establecía sanciones ni mecanismos de control efectivos. Con estos cambios, se busca dotar de mayor transparencia y equidad al régimen tributario municipal en materia vehicular.
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