La Fiscalía de Valencia apoya que los tribunales investiguen la posible responsabilidad penal del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la dana. Así lo expone en un escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que acordó acumular en la misma causa las siete denuncias y querellas interpuestas contra Mazón como máximo responsable de la gestión de la riada que ha acumulado 223 muertes y decenas de miles de damnificados.
De las siete denuncias y querellas acumuladas en una sola causa, seis señalan a Carlos Mazón o a este y a la ahora exconsejera de Emergencias e Interior, Salomé Pradas. Solo uno hace referencia a estos dirigentes y a cualquier otra autoridad que, de las actuaciones de investigación, se derive responsabilidad penal. Los querellantes y denunciantes les atribuyen la comisión de los delitos de prevaricación, de lesiones y homicidios imprudentes, omisión del deber de socorro, daños imprudentes y contra los derechos de los trabajadores, “como consecuencia de la no adopción de algunas decisiones que, a su parecer, hubiesen evitado o mitigado el fatal resultado por el número de fallecidos”, señala la Fiscalía. “De ese relato derivan una genérica relación causa/efecto con una atribución de responsabilidad criminal de naturaleza objetiva, que se verifica en exclusiva atención al resultado, al margen de la concreta intervención de los denunciados que, a día de hoy, no consta singularizada”, añade.
En el escrito, la fiscal María José Montesinos de Lago hace referencia además a que todas las acusaciones se refieren a la “desatención de sus deberes como máximas autoridades autonómicas valencianas” e indican que “ajenos a los escenarios de alertas y mensajes que se estaban emitiendo por distintos organismos, omitieron el dictado de resoluciones y de decisiones que eran de su competencia, y de ese modo no evitaron o, cuanto menos, no redujeron, la entidad de la catástrofe acaecida”, según expone. Se pronuncia así a favor de que se investiguen las responsabilidades penales de los querellados y apunta a que “es más que razonable realizar una única instrucción dada la magnitud de la causa, la complejidad de los hechos, la participación como querellados y denunciados de múltiples autoridades políticas y responsables de Organismos públicos, la previsible dificultad de la investigación, y el ingente número de perjudicados, y de posibles testigos y peritos”. “Entendemos que en todas las denuncias subyace la misma atribución de hechos, con independencia de las distintas calificaciones jurídicas efectuadas por los querellantes y denunciantes, y, de manera unánime, basada en la omisión e infracción de los deberes propios e inherentes a la función de los denunciados”, indica.
Sobre el órgano que debería investigar los hechos, la Fiscalía considera que debería ser un Juzgado de Instrucción el que lleve a cabo “una completa investigación judicial sobre los hechos acaecidos concretando la intervención, o, en su caso, inacción, de cada uno de los querellados y denunciados”. Este deberá, posteriormente, y en el caso de que existan indicios de criminalidad suficientes contra Carlos Mazón, elevar una exposición razonada antes el Tribunal Superior de Justicia dado el aforamiento del que goza el presidente de la Generalitat Valenciana.
Además de estas, el Tribunal Supremo tiene registradas, al menos, nueve querellas contra miembros del Gobierno de España por delitos como homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, entre otros por la gestión de la dana Estas se dirigen contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por no activar el estado de alarma y tomar el control, y contra la vicepresidenta Teresa Ribera, por su responsabilidad en la Confederación Hidrográfica del Júcar, órgano al que el PP ha tratado de endosar la culpa por un supuesto “apagón informativo”.
