La Fiscalía ha solicitado a la jueza que impute al economista que presentó en 2020 y 2021 el impuesto de sociedades de las empresas de Alberto González Amador y que luego lo defendió durante año y medio de investigación de Hacienda, según ha sabido EL PAÍS por fuentes conocedoras del caso. El Ministerio Público considera que Javier Luis Gómez Fidalgo fue cooperador necesario de los delitos de fraude fiscal de 350.910 euros y falsificación de documentos mercantiles por los que se investiga a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
La petición de la Fiscalía, que se produjo hace días, corresponde a la pieza original por la que se comenzó a investigar a Amador en marzo del año pasado y que acaba de ser prorrogada ya que se aproximaba el plazo máximo de instrucción, según informan estas fuentes. Además, la jueza investiga al empresario por corrupción en los negocios y administración desleal en una pieza separada que la semana pasada recibió el visto bueno de la Audiencia Provincial, lo que supone un serio revés para Amador. Ha crecido la posibilidad de que acabe en la cárcel, si resulta condenado en ambas piezas, y se ha abierto considerablemente el foco de lo investigado, que ahora incluye su relación económica con el poderoso grupo sanitario Quirón.
Según destaca la Fiscalía, Fidalgo no era un simple asesor contratado con ocasión de la inspección de Hacienda, sino que presentó esas liquidaciones sospechosas del fraude. Además, durante la inspección que se extendió entre mayo de 2022 y enero de 2024 hizo alegaciones ante los inspectores que “se demostraron falsas”.
La conexión de Fidalgo con Amador no acaba ahí según reportajes de prensa. Este economista es administrador de la empresa Babia Capital SL, que el 21 de julio de 2023 compró el ático superior al piso donde viven Amador y Ayuso. Esa adquisición se produjo solo dos días después de que la pareja registrara la compra de su vivienda. Eldiario.es reveló que la presidenta y el empresario disfrutan también del ático de 176 metros cuadrados, una información que EL PAÍS ha confirmado por fuentes cercanas a la pareja.
Además, el Ministerio Público ha solicitado que se cite como testigo a María Blanca de la Encarnación López Crespo, economista que también trabajó en la liquidación de los impuestos de esas empresas.
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