Una mujer denunció la supuesta colusión entre juzgados de Paz y playas de venta de vehículos, para el secuestro y posterior reventa de los mismos. Manifestó adquirió un rodado y firmó pagarés por el saldo con la firma, que el 31 de mayo de 2023 impulsó una acción preparatoria de juicio ejecutivo, y dos días después la jueza Analía Cibils ya dictó el secuestro y embargo del coche.
Se trata de María Alejandra Ayala (27), quien acudió a la redacción de nuestro diario y denunció una supuesta confabulación en el marco de “la mafia de los pagarés”. En ese contexto, señaló que fue demandada por la playa de vehículos “San Pablo Automotores SA”, de la cual había adquirido el 7 de julio de 2022 un vehículo Toyota Allion planteado, con matrícula AAKI 626, por la suma de G. 55 millones.
Al momento de celebrar el acto, la joven hizo entrega de la suma de G. 24 millones al contado, y por el saldo firmó dos pagarés, uno de G. 13 millones con vencimiento el 15 de julio de 2022 y el otro, por G. 18 millones con vencimiento el 15 de setiembre de ese mismo año.
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De acuerdo con lo manifestado por María Ayala, pagó la suma de G. 8 millones el 25 de noviembre de 2022 y quedó un saldo de G. 10 millones. Sin embargo, el pago efectuado por la mujer no le fue reconocido por parte de la empresa que el 30 de mayo de 2023 impulsó una acción preparatoria de juicio ejecutivo por el cobro del saldo de G. 18 millones.
El 31 de mayo de 2023, la jueza de Paz del distrito de la Encarnación, Carmen Analía Cibils Miñarro, dio trámite a la acción impulsada por “San Pablo Automotores” a través de su representante legal, abogado Juan Antonio Jacquet. El demandante, además pidió solicitó la aplicación de la medida cautelar de urgencia de secuestro del Toyota Allion.
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Denunciante dijo que nunca fue notificada de la acción
Es así que ya el 2 de junio la jueza Analía Cibils, emanó una providencia citando a la demandada María Alejandra, para que en un plazo de tres días comparezca para reconocer o no las firmas estampadas en los pagarés. Ese mismo día, también Cibils dictó su Auto Interlocutorio (AI) N° 18.673 disponiendo el secuestro del auto. Ayala relató en este aspecto que no fue notificada en ningún momento de estos actos.
El 12 de marzo de 2024, María Ayala a través de su abogado Richard Villalba Franco, solicitó al juzgado de Cibils dictar resolución sobre caducidad de instancia, en consideración a que no se llevaron a cabo más actuaciones en los últimos seis meses, plazo que debe transcurrir según establecido en el artículo 172 del Código Procesal Civil para solicitar el término del proceso, pues la última actuación fue el 2 de junio de 2023.
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El 12 de abril, la demandada solicitó al juzgado también el levantamiento de la medida embargo que pesaba sobre el rodado en cuestión. Ante esto, el juzgado corrió traslado a la parte demandante el 7 de mayo y esta, pidió el rechazo. Finalmente, el 20 de agosto de 2024 la jueza rechazó el pedido de declarar la caducidad mediante su AI N° 37.117, esto a pesar de que según dijo Ayala la jueza le había dicho que correspondía la caducidad.
Entre ese periodo, la demandada solicitó la apertura de una cuenta judicial a nombre de este juicio, efectuando el depósito de los G. 10 millones el 25 de julio de 2024. Posteriormente, formuló apelación contra la resolución de la jueza Cibils, solicitando la nulidad de su fallo.
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El Juzgado de Apelación emitió su Auto Interlocutorio N° 1.066 el 2 de diciembre último, resolviendo desestimar el recurso de nulidad, revocar el AI N° 37.117 declarando de esta forma la caducidad de instancia en los autos, sin embargo la parte actora interpuso un recurso de aclaratoria que está pendiente de resolución actualmente.
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