Alejandra Peralta Merlo, abogada especialista en derechos humanos, explicó que tanto la estabilidad laboral, como el salario mínimo no se pueden suprimir, porque están garantizados por la Constitución Nacional. Además, dijo que la comparación realizada por el ministro de Industria, Javier Giménez, con países que no tienen un salario mínimo base, está totalmente alejada de nuestra realidad y que lo único que se va a lograr es una cuasi esclavitud.
Respecto a la eliminación del salario mínimo que mencionó hoy Javier Giménez, ministro de Industria, la abogada especialista en derechos humanos, Alejandra Peralta Merlo, explicó que para hacer eso, se deberían al menos cubrir obligaciones básicas mínimas que tiene el Estado para satisfacer necesidades de salud, educación y vivienda digna.
“Finlandia que se jacta de tener la mejor educación pública del mundo, tenemos, por ejemplo, el caso de España que tiene la mejor salud pública universal del mundo, donde cualquier hospital público es muy superior a lo que podría ser el mejor hospital privado en Paraguay, entonces evidentemente estamos comparando, pero esa no es la realidad que tenemos”, refirió.
Agregó que el artículo 86 de la Constitución Nacional, en el segundo párrafo dice que los derechos laborales son irrenunciables, o sea que no se puede a esas prerrogativas que tienen los trabajadores y mucho menos que disminuirlas o restarlas en virtud a una ley, lo cual de plano es inconstitucional y atenta contra ese estándar básico.
“El salario mínimo es un derecho humano, así como la estabilidad laboral también, que en otro momento se estuvo también debatiendo en base a un comentario que hizo el presidente Santiago Peña, entonces da un poco de temor que queriendo hacer esa comparación con países del primer mundo, finalmente terminemos restando derechos básicos o pisos mínimos, garantías mínimas porque no es nuestra realidad”, lamentó.
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Ley de Mipymes es inconstitucional
Alejandra Peralta Merlo también criticó que la Ley ya de Mipymes ahora da la posibilidad de generar contratos de las pequeñas empresas que estén emergiendo, con la posibilidad de contratar o de pagar hasta el 80% del salario mínimo.
“La realidad en Paraguay que la gente trabaja por necesidad, la gente trabaja porque quiere comer, la gente trabaja porque tiene esa necesidad de llevar el pan a su casa y en definitiva no se encuentran en plano de igualdad, una persona que trabaja por necesidad que una persona que aquel empresario, ya sea una pequeña, mediana empresa, que le llama a firmar un contrato”, indicó.
No descartó que se presenten varias acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Mipymes, además de considerar utópico pensar que la población paraguaya va a entrar con una capacidad competitiva en comparación con aquellas personas que viven en Europa o en Finlandia que no cuentan con un salario piso, cuando las personas apenas están terminando la educación escolar básica.
“No existe un plano de igualdad, de pleno esa ley la considero inconstitucional, después van a plantearse seguramente varias acciones inconstitucionalidad en su momento”, precisó.
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“Lo único que se va a lograr es una cuasi esclavitud”
Agregó que no podemos arriesgar lo mínimo, que ya es ese mínimo del salario mínimo, cuando ni siquiera contamos con medicamentos o tenemos que pagar la educación privada, porque no hay suficientes cupos en la educación para la educación pública.
“Lo único que se va a lograr con esto es una cuasi esclavitud en la cual va a llegar un momento que la gente va a terminar trabajando por alimento, ya siendo un poco exagerada, pero no podemos jugar con esa idea de eliminar el básico que la Constitución ya lo garantiza por algo”, concluyó.
Dijo que el grado de inversión es directamente proporcional a la seguridad jurídica de un país, por lo que en un país donde no existe una seguridad jurídica, no es atractivo para esas inversiones.
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