Los ataques a la comunidad LGTBI no vienen solo desde el nuevo gobierno estadounidense. Tiempo antes de que Donald Trump llegara a la Casa Blanca y comenzara a eliminar protecciones a esta comunidad, especialmente a las personas trans, también en parte de Europa y de Asia central crecía una preocupante retórica (y acciones) anti-LGTBI que, según advierte la asociación ILGA Europa en su informe anual sobre los derechos humanos de esta comunidad, puede convertirse en una plataforma para un ataque más amplio que busca “erosionar los pilares de libertad y democracia en toda Europa”.
“Estamos entrando en una nueva era donde la gente LGTBI se ha convertido en un campo de pruebas para leyes que erosionan la democracia”, advierte con relación al informe el director ejecutivo de esta asociación paraguas de más de 700 organizaciones de 54 países europeos y de Asia central, Chaber (como pide ser llamado).
El informe denuncia el surgimiento, a lo largo de 2024, de propuestas de ley de agentes extranjeros de inspiración rusa (y especialmente dirigidas contra ONG y la sociedad civil) en países como Bulgaria, Georgia, Hungría, Kirguistán o Montenegro que “estigmatizan cada vez más y suprimen organizaciones LGTBI”. Unas normas que llegan tras la propuesta o adopción de leyes contra “propaganda LGTBI” en Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Eslovaquia, Georgia, Kazajistán y Rumanía que, denuncia ILGA, buscan también “criminalizar la visibilidad” de esta comunidad y “silenciar” a sus activistas. Más sutiles, quizás, pero con igual potencial dañino, son los intentos de excluir cuestiones LGTBI de la educación sexual en Bulgaria, Eslovaquia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Rumanía y Rusia.
En líneas generales, y en lo que es también un reflejo del aumento de la extrema derecha en toda Europa, ILGA ha registrado una “normalización del discurso de odio contra personas LGTBI” que, denuncia, a menudo están impulsadas por figuras públicas e instituciones estatales. En países como Albania o Italia, “coaliciones conservadoras están perpetuando narrativas dañinas, acusando a la comunidad LGTBI de minar valores familiares y desestabilizar la sociedad”, señala el informe, que también denuncia la “instrumentalización de narrativas discriminatorias contra personas LGTBI en periodos electorales” por parte de grupos conservadores en Bélgica, Bosnia-Herzegovina, República Checa, Moldavia y Rumanía.
“En toda Europa y Asia central, los gobiernos están usando una retórica anti-LGTBI para justificar restricciones a la libertad de expresión, a la sociedad civil y a elecciones justas”, subraya el responsable de ILGA, que considera esto solo el principio de un problema mucho más amplio: “Lo que comienza como un ataque a los derechos LGTBI, rápidamente se convierte en un ataque más amplio a los derechos y libertades de todos los individuos en la sociedad”. De ahí que, advierte Chaber, “esto no es solo una cuestión LGITBI, es una crisis de derechos humanos y democracia”.
No todo son sombras, sin embargo. ILGA destaca “avances notables” en el refuerzo de compromisos institucionales a la comunidad LGTBI en países como Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo, Polonia, Portugal o Suecia. En este sentido de España, que en materia defensa LGTBI a nivel nacional es ampliamente considerada como un alumno aventajado, pese a algunas recriminaciones —especialmente en materia de LGTBIfobia en centros educativos, así como varias acciones de la Comunidad de Madrid bajo Isabel Díaz Ayuso que “impactan los derechos de las personas LGTBI”— , el informe celebra, entre otros, la creación de una subcomisión en el Congreso de Diputados para el desarrollo de un pacto de Estado contra los discursos de odio.
ILGA también saluda las acciones legales que la Unión Europea ha tomado por ejemplo ante la adopción de medidas como las leyes de agentes extranjeros, especialmente contra Georgia, y contra Hungría por su ley de “protección de la infancia”, que prohíbe hablar sobre la orientación sexual en escuelas y medios de comunicación. Una normativa que la Comisión Europea denunció ya en 2022 ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por discriminar a personas “por su orientación sexual e identidad de género”, con el apoyo de 11 Estados miembros. Bruselas también cuestionó, recuerda ILGA, la ley búlgara del año pasado que prohíbe “propaganda LGTBI” en colegios y está evaluando si abre un procedimiento por ello.
De igual modo, el informe celebra los pasos dados por jueces de diversos países para detener leyes contra la comunidad LGTBI.
“Mientras los gobiernos usan cada vez más como chivo expiatorio a la comunidad LGTBI para impulsar leyes restrictivas, los tribunales tanto de la UE como de toda Europa están manteniendo sus derechos humanos, con sentencias claves en procedimientos para demandantes de asilo LGTBI, contra discursos de odio, la libertad de asociación o expresión, el reconocimiento legal de género y los derechos sexuales y reproductivos”, señala al respecto la responsable de incidencia política de ILGA, Katrin Hugendubel.
Con todo, en su comunicado ILGA advierte del peligro de que los líderes políticos dejen en manos de la justicia un asunto que requiere una “actuación decisiva” para defender las “piedras angulares” de la democracia ante los constantes ataques. “La normalización de la retórica anti-LGTBI no es solo una amenaza a una comunidad, se ha convertido en un asalto directo a los principios democráticos que apuntalan nuestras sociedades”, subraya Hugendubel.
