La fumata blanca apareció pasadas las dos de la tarde en el tejado de la Secretaría Nacional del Partido Socialista (PS) francés. Tras largas semanas de negociaciones con el primer ministro, el centrista François Bayrou y, sobre todo, tras ocho meses tomando decisiones de forma colegiada con el Nuevo Frente Popular (NFP), la alianza de izquierdas que ganó las elecciones legislativas de julio del año pasado, la dirección de los socialistas ha decidido no votar la moción de censura contra el Ejecutivo prevista para el miércoles. Lo hace por cuenta propia, rompiendo la unidad del NFP y prácticamente garantizando la aprobación del presupuesto y la supervivencia del Gobierno. “El voto de no censura por parte del PS confirma su alineamiento con el gobierno de Bayrou. Por ahora, sin participación en él. El NFP tiene ya un partido menos. Tendremos que verificar quién permanece en él y cómo funcionará”, escribió Jean-Luc Mélenchon, dando por terminada la siempre complicada relación con los socialistas.
La decisión cambia enormemente el tablero político en Francia. El NFP, del que formaban parte los socialistas junto a La Francia Insumisa, los ecologistas y el Partido Comunista, está roto. El bloque central del Gobierno ya puede negociar por separado con el espectro progresista del Parlamento. Y, sobre todo, elimina de ese grupo de izquierdas todavía hostil a los 66 diputados del PS, que lidera Olivier Faure; un botín considerable para avanzar en esta complicada legislatura. La noticia no puede ser mejor para el primer ministro, que ha sabido templar las aguas en las últimas semanas.
Bayrou ha subido dos veces a la tribuna de la Asamblea Nacional y ha activado, por primera vez desde su nombramiento en Matignon, el famoso y controvertido artículo 49.3 de la Constitución, que permite evitar una votación en el Parlamento. “Por primera vez desde la fundación de la V República, nuestro país sigue sin presupuesto el 1 de febrero”, lamentó. Luego, mientras era interrumpido por los diputados de La Francia Insumisa, mencionó el trabajo de concertación llevado a cabo por su gobierno durante varias semanas y reconoció los defectos del documento final. “¿Es este presupuesto perfecto? No. (…) Estamos todos juntos ante nuestro deber. Si así lo deciden, en 10 días Francia tendrá su presupuesto, lo que será una señal de responsabilidad y estabilidad para nuestros ciudadanos”.
Los socialistas han defendido su posición y aseguran que han arrancado 5.000 millones de euros en concesiones sociales al Ejecutivo, en la sanidad, la enseñanza, la ecología o el precio de la energía. Pero la estrategia, una apuesta por la estabilidad institucional, es arriesgada electoralmente.
Bayrou, muy cerca de salvar el escollo donde cayó su predecesor, Michel Barnier, ha aprobado por decreto dos partes del presupuesto mediante el artículo 49.3 de la Constitución. El problema es que este mecanismo, que ya utilizó su antecesor, el conservador Michel Barnier, antes de tener que dimitir el pasado diciembre, lleva aparejada la posibilidad de imponer una moción de censura; una herramienta que la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) anunció que utilizará. La única incógnita ahora, tras la negativa del PS a secundarla este miércoles, es saber si esta vez el Reagrupamiento Nacional (RN) de Marine Le Pen participará del movimiento. Cada vez que Bayrou active el artículo 49.3 para completar la aprobación del presupuesto, se abre la posibilidad de presentar una nueva moción.
Pese a no votar en esta primera ocasión la censura, los diputados socialistas presentarán una moción espontánea contra Bayrou, como lo prevé el artículo 49 en su apartado 2, de la Constitución. Una iniciativa más bien simbólica para mostrar su oposición a las declaraciones del primer ministro sobre la “sensación de desbordamiento” migratorio. Dado que esta moción tiene pocas posibilidades de ser aprobada por una mayoría —Le Pen nunca la apoyaría porque comparte la idea de “desbordamiento” de la migración—, el Gobierno se muestra confiado en pasar el trámite parlamentario.
A diferencia de Barnier, Bayrou ha apostado por negociar con los socialistas en lugar de hacerlo con la extrema derecha, a cambio de romper la coalición electoral de izquierdas con la que lograron la mayoría en las legislativas de julio pasado. “Hemos corrido el riesgo de negociar con nuestros opositores de siempre, con quienes nos han colocado en esta mala situación”, indicó el diputado socialista Philippe Brun, que respondió así a las críticas de LFI, el partido de Mélenchon, que les acusa de haber traicionado a la alianza.
Una parte del PS se inclinaba por volver al bloque del Nuevo Frente Popular con los ecologistas y LFI y votar la moción. Pero algunas voces importantes del partido, como la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, o el antiguo primer ministro Lionel Jospin, eran contrarios. “En caso de que la moción prospere, lo que ocurriría es que la Administración quedaría sin dirección y, dada la dramática situación financiera en la que nos encontramos, no habría ni presupuesto ni ley de financiación de la Seguridad Social”, advirtió Jospin el sábado en France 5.
