El Gobierno de Javier Milei advirtió este lunes de que investigará bajo la normativa antimonopolio la compra de la filial argentina de Telefónica por parte de Telecom, perteneciente en un 80% al poderoso Grupo Clarín y al fondo Fintech, del empresario mexicano David Martínez Guzmán. De ser así, indicó en un duro comunicado, “tomará todas las medidas pertinentes para evitarlo”. La advertencia se produjo horas después del anuncio de la operación por un monto de 1.245 millones de dólares (aproximadamente, 1.189 millones de euros al tipo de cambio actual). Para la Casa Rosada, “el 70% de los servicios de las telecomunicaciones quedarían en manos de un solo grupo económico, lo que generaría un monopolio, formado gracias a décadas de beneficios estatales”.
El Grupo Clarín edita el periódico más leído de Argentina, tiene un canal de televisión abierta, una señal de noticias 24 horas y radios. Opera, además, la principal red de fibra óptica de país y la mayor televisión de pago. En 2017, junto con Fintech se quedó con los activos de Telecom Argentina. Ocho años después, da el gran salto con la adquisición de los activos de Telefónica en Argentina. El Ceo de Telecom, Roberto Nobile, ha dicho en un comunicado que la operación “demuestra la vocación [de la empresa] de seguir invirtiendo en la Argentina en el marco de las condiciones macroeconómicas actuales, que suman certeza y estabilidad a la inversión privada y competitiva”.
Lo de Nobile fue un estudiado elogio a la gestión de Milei, que tiene ahora en sus manos el destino de la operación a través del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNCD). El comunicado del Gobierno detalla que “el marco regulatorio vigente establece un sistema de control sobre las transferencias, cesiones y adquisiciones en el caso de la información y las comunicaciones”. “Así como ocurre en otros países de Occidente”, agrega, “el Gobierno está comprometido con evitar la formación de un nuevo monopolio que, con estas características, creado a la luz de décadas de beneficios estatales, iría en contra de la libre competencia y atentaría contra el proceso desinflacionario que está atravesando la Argentina”. “Tomaremos todas las medidas para garantizar el derecho de elección de los usuarios, la libre competencia y la accesibilidad a los servicios de la telecomunicación”, concluye el texto, difundido en redes sociales por la Oficina del Presidente.
Desde Telecom, se limitaron a aclarar que “de acuerdo a la normativa”, la empresa “se encuentra realizando las presentaciones regulatorias correspondientes”.
El celo de Milei contra los monopolios supone un giro sorprendente con lo que él mismo sostuvo el viernes pasado en un discurso en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington DC. Hacia el final de su alocución, dijo que, después de muchos años de estudio, había entendido que “los monopolios no son malos, salvo que sean armados por el Estado”. Tras recomendar el artículo Monopolio y competencia, del economista Murray Newton Rothbard, su principal inspirador académico, sostuvo que se convirtió en “anarco capitalista”, es decir, que cree “en un Estado llevado a la mínima expresión”. Bajo esta premisa, los órganos de control estatal no tendrían nada que decir sobre una operación de compra y venta de empresas privadas. Los motivos del cambio de opinión de Milei pueden buscarse en la mala relación que tiene el Gobierno con la cabecera periodística del Grupo Clarín, a quien considera opositora.
Para la operación, Telecom contó con el banco BBVA como asesor de la transacción y la financiación inicial de varios bancos, entre ellos el mencionado BBVA, Deutsche Bank, Santander y el ICBC por 1.170 millones de dólares. El grupo español, que estaba presente en Argentina desde 1990, cuando el Gobierno del peronista Carlos Menem (1989-1999) privatizó la estatal Entel, había encomendado la venta de su negocio en Argentina hace semanas a JP Morgan y al despacho de abogados Latham&Watkins.
La salida de Argentina forma parte de un plan mayor de desinversión de Telefónica en América Latina que incluye la venta de su filial en Colombia por 370 millones de euros —pendiente de conseguir los últimos permisos regulatorios— y México, cuya operación de venta está en manos de JP Morgan. Quedó fuera del plan de desinversión el negocio en Brasil, considerado como uno de los cuatro mercados estratégicos junto a España, Reino Unido y Alemania. Concluido el plan latinoamericano, solo quedarán los negocios en Venezuela, Perú, Chile, Ecuador y Uruguay, cuyas divisiones están en venta.
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