SALTOS DEL GUAIRÁ. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones intimó a la Municipalidad de esta ciudad a restituir a su estado original el sector de la avenida Itaipú (entrada de Brasil a Paraguay) afectado por la construcción irregular de una rotonda frente a un shopping. La obra es considerada un presunto negociado con fines de favorecer a dicho centro de compras.
La obra, calificada como “La rotonda de la vergüenza”, construida con autorización de la Junta Municipal de Saltos del Guairá, a unos 1.500 metros de la frontera, frente a un shopping, deberá ser eliminada. Así lo determinó el Juzgado de Faltas y Contravenciones de la Patrulla Caminera, ubicada en La Paloma, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
El caso también ya está judicializado en el marco de los autos caratulados “Armando García y otros”, donde el Ministerio Público investiga la existencia de un supuesto hecho de lesión de confianza.
La obra en cuestión ha traído hasta ahora graves perjuicios a la ciudad, debido a que, como consecuencia de la misma, otras empresas de gran envergadura dejaron de invertir en la ciudad, argumentando la falta de garantías jurídicas por parte de las autoridades municipales. Existen fuertes presunciones de que la obra fue autorizada a cambio de coimas.
Los miembros oficialistas de la Junta Municipal autorizaron igualmente otras obras similares, más cerca aún del límite fronterizo con Brasil, con la finalidad de favorecer a empresas que se instalaron en dicho sector, en detrimento del actual centro comercial de la ciudad.
El intendente Héctor Morán (colorado cartista) informó que, ante la desaprobación del sector comercial y el MOPC, las demás obras autorizadas por la Junta Municipal oficialista ya quedaron sin efecto. Dichas obras habían sido aprobadas el año pasado durante la presidencia del concejal Armando García, edil electo por un movimiento independiente, pero que es principal aliado de Morán, y está acusado por sus demás colegas de falsificación de documentos públicos de la Junta Municipal, entre otros presuntos delitos.
Se habría adulterado resoluciones para justificar la aprobación de las obras amañadas, según la denuncia presentada ante el Ministerio Público.
Las autoridades municipales hasta ahora no se pronunciaron sobre la determinación adoptada por el MOPC, por lo que se desconoce cuándo y con qué recursos eliminarían la rotonda que caprichosamente y de manera totalmente irregular habían construido.
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