Con su hijo X Æ A-Xii sobre los hombros, Elon Musk se plantó este jueves en el Capitolio para tratar de convencer a los congresistas de la necesidad de acometer drásticos recortes de gasto público y evitar una crisis fiscal en Estados Unidos. Con él acudió Vivek Ramaswamy, el otro responsable del autodenominado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), un ente que en realidad no existe como organismo público, pero que asesorará al presidente Donald Trump desde fuera del Gobierno para reformar la Administración.
Musk no concretó sus propuestas, pero este jueves mostró de nuevo su obsesión por obligar a los funcionarios y empleados públicos a acudir a trabajar a la oficina. “Si excluimos a los guardias de seguridad y al personal de mantenimiento, el número de funcionarios que acuden en persona y trabajan 40 horas a la semana se acerca al 1%. Casi nadie”, sostuvo. El magnate cree que gran parte de los funcionarios dejará sus trabajos solo con obligarles a trabajar presencialmente.
La presencia del hombre más rico del mundo provocó cierto revuelo en el Capitolio. Musk se entrevistó con el líder de los republicanos del Senado, John Thune, mientras Ramaswamy se veía en paralelo con grupos reducidos de congresistas. Tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado se han constituido grupos (caucus) de seguimiento y apoyo al DOGE, que pretenden identificar partidas a recortar. Posteriormente, los dos acudieron a una asamblea más amplia de representantes y senadores republicanos.
El Congreso, a través de sus dos cámaras, es el encargado de aprobar el gasto público y los presupuestos. Anteriores presidentes que han intentado recortar el gasto federal se han encontrado con el juego de intereses cruzados de los legisladores que han bloqueado las propuestas más ambiciosas. Esta vez, gran parte de los congresistas republicanos apoya la idea de los recortes, al menos en teoría. Más complicado es llevarla a la práctica.
Musk, cuyas empresas están entre las mayores beneficiarias de ayudas y contratos públicos, ha prometido recortar hasta dos billones de dólares de gasto (unos 1,9 billones de euros, al tipo de cambio actual). Eso representa en torno al 30% de los 6,7 billones anuales que se gastan cada año por parte de la Administración federal. Sin embargo, las mayores partidas corresponden a los intereses de la deuda (que no está en cuestión que habrá que seguir pagando) y el gasto de defensa (que Trump ha prometido aumentar). Junto a ello están prestaciones que ni siquiera requieren la autorización presupuestaria anual, como la seguridad social, los pagos a veteranos militares o los seguros sanitarios públicos, que Trump también ha prometido respetar en campaña y que cuentan con el apoyo mayoritario del Congreso.
Cuando se excluyen esas partidas, lo que plantea recortar Musk es más de lo que se gasta en el resto de agencias y departamentos del Gobierno federal, así que las cuentas no cuadran con los compromisos. Eso no impide que Musk y Ramaswamy hayan encontrado algunos ejemplos de despilfarro y de gasto sobredimensionado con los que apuntarse algunas victorias.
