“No podemos permitir que el espacio digital se convierta en el salvaje Oeste. ¿Por qué aceptamos en el mundo digital lo que jamás aceptaríamos en el mundo físico?”, se ha preguntado esta mañana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de presentación del Observatorio de Derechos Digitales, un órgano de reciente creación que debe velar por el cumplimiento de la Carta de Derechos Digitales aprobada en 2021, un marco de referencia para garantizar que los derechos y libertades reconocidos en la Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se protejan también en el entorno digital. “Estamos en un momento decisivo: hay que elegir si nos dejamos llevar por lo que hacen otros [en referencia a los tecnomillonarios, o tecnocasta] o tomar la iniciativa. Creo que debemos hacer lo segundo, ser dueños de nuestro destino”, ha asegurado. El Observatorio es un paso en esa dirección.
El Gobierno define los derechos digitales como la extensión de los derechos de la ciudadanía al entorno digital. “Garantizan que principios fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión, el acceso a internet o la igualdad y no discriminación sean protegidos en la era digital con la misma eficacia que en el mundo físico. Su objetivo es adaptar los derechos existentes a los desafíos tecnológicos, asegurando su cumplimiento y fortaleciendo la democracia en la transformación digital”, define un documento interno de Moncloa.
El presidente ha recordado tres medidas que anunció hace dos semanas en el Foro de Davos: acabar con el anonimato en las redes sociales, ya que “el anonimato no puede ser una excusa para la impunidad”; garantizar la transparencia de los algoritmos para asegurar que las plataformas garantizan los derechos de los usuarios y hacer que los altos ejecutivos de las tecnológicas “no rehúyan sus responsabilidades legales”. “Si el dueño de un restaurante es responsable de la comida que sirve a sus clientes, estos tecnomillonarios tendrán también que asumir la responsabilidad de los actos de sus empresas”, ha dicho.
La Carta de Derechos Digitales
Entre las salvaguardas que se incluyen en la mencionada carta se cuentan la protección de derechos de menores y grupos vulnerables, garantizar el acceso igualitario para personas con bajas competencias digitales, cerrar brechas digitales y salvaguardar la privacidad y la seguridad en línea, o proteger la libertad de expresión y el derecho a la información.
La función del Observatorio de Derechos Digitales es garantizar que esos derechos se cumplen. En el Observatorio participan una veintena de entidades, que van desde la Fundación “la Caixa” o la Fundación Telefónica hasta la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid o la Universidad de Navarra, pasando por la Asociación Europea para la Transición Digital, o Red.es. En total, participan en el programa 170 entidades públicas y privadas y 260 especialistas.
El programa Derechos Digitales cuentan con un presupuesto de 10,83 millones de euros financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los Fondos Next Generation EU. El 80% de esa cantidad la aporta Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, mientras que el 20% restante procede de las entidades participantes.
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