Queda firme condena a 2 años y medio por desfalco a la Aso de Funcionarios Públicos – Nacionales

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inadmisibles los recursos de casación interpuestos por las defensas de las docentes Nélida Huespe de Peralta y Celina Villalba de Lovera, y dejó firmes las condenas de 2 años y 6 meses de prisión por lesión de confianza y apropiación.

En su voto, la ministra María Carolina Llanes señala que los recurrentes se han limitado simplemente a argumentar su desacuerdo contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia y la Alzada, en razón a que únicamente mencionan el reclamo sin demostrar la incorrección de los juzgadores que cause un menoscabo a sus representadas y porque considera que resulta sin fundamentos. “Por tanto, estos actos constituyen meras críticas al fallo que impugnan”, puntualizó la ministra de la CSJ.

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A su vez, el ministro Luis María Benítez Riera concluyó que el escrito presentado incumple claramente los requisitos procesales fijados por el Código Procesal Penal, con relación a la forma de interposición del recurso, por lo tanto corresponde la declaración de inadmisibilidad de la casación deducida, con sustento legal en el Art. 480, en concordancia con el 468 del Código Procesal Penal.

Finalmente, el ministro Manuel Ramírez Candia señala en su voto que, en su agravio por la incorrecta valoración de los presupuestos del Art. 65 del Código Penal, los recurrentes, en lugar de establecer el error concreto de la sentencia y del acuerdo y sentencia recurrido, “se limitan a citar cada uno de los presupuestos y a argumentar por qué se debió tomar cada uno de ellos a su favor siempre con el argumento de que la acusada ‘actuó conforme a derecho’, lo que en realidad apuntaría a la falta de tipicidad y no a la incorrecta determinación del monto de la pena.”

Aso de Funcionarios Públicos sufrió daño de G. 1.200 millones

En un juicio oral y público que concluyó el 5 de enero de este año, las docentes Nélida Huespe de Peralta y Celina Villalba de Lovera fueron condenadas a 2 años y medio de prisión al ser halladas culpables de la comisión de los delitos de lesión de confianza y apropiación de recursos pertenecientes a la Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay.

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Para el Tribunal de Sentencia, presidido por Héctor Fabián Escobar e integrado por Federico Rojas y Carlos Hermosilla, quedó probado que a partir del 29 de diciembre de 2014 al 13 de marzo de 2015, y una operación concreta en setiembre de 2015 de G. 20 millones, se perpetró un despojo a la Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay de un total de G. 1.240.971.193, suma que tenía depositado el gremio en la cuenta de ahorro del banco mencionado, alegaron los acusadores.

La Fiscalía y querella adhesiva concluyeron que Nélida Huespe de Peralta y Celina Villalba de Lovera, valiéndose de los efectos de una resolución ilegal e ilegítima como lo es el Acuerdo y Sentencia N° 54 de 2014, lograron acceder de manera totalmente ilegal a una presunta representación en la Asociación Central de Funcionarios Públicos, que no era tal, indicaron.

Si bien es cierto que las mismas no tomaron posesión de cargo, se valieron de la mencionada resolución judicial para cambiar el registro de firmas de las cuentas que tenía la Asociación de Funcionarios Públicos en el Banco Familiar para de esta manera disponer del dinero en las fechas indicadas, hasta vaciarlas, según la acusación.

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Querella buscará la reparación del daño

Luego de conocer la sentencia el querellante adhesivo, abogado Rodrigo Yódice, resaltó que la condena a 2 años y medio de prisión “es un éxito”, ya que se demostró la culpabilidad de las procesadas, y asimismo estuvo de acuerdo con el marco penal aplicado por el tribunal de sentencia.

Sobre recuperación del monto despojado a la Asociación, el letrado había dicho que una vez que la condena quede firme, que se da ahora con la resolución del máximo tribunal; planteará el procedimiento reparatorio e intentar recuperar la suma desviada de G. 1 240 millones, o, por lo menos, acercarse al daño patrimonial ocasionado a la Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay, que nuclea a 19.000 socios.

“La afectación a este gremio no solamente fue en lo económico, sino fundamentalmente en lo moral, ya que el dinero que fue sustraído tenía que utilizarse para fines de ayuda social a los numerosos socios”, manifestó Yódice.

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En los alegatos finales los fiscales Elena Fiore y José Martín Morínigo habían solicitado penas de 3 años de cárcel para Nélida Huespe de Peralta y Celina Villalba de Lovera. Por su parte, la querella adhesiva, representada por los abogados Rodrigo Yódice y Jorge Arturo Daniel, requirieron al tribunal la imposición de 4 años de prisión.