Todo el foco político está puesto en la dana y sus consecuencias, pero el Gobierno siempre está en varias pistas a la vez. De forma discreta, mientras estaban gestionando la tragedia y se veían a diario en los comités de crisis, María Jesús Montero y Yolanda Díaz también encontraban momentos para negociar el paquete fiscal, un elemento clave porque es fundamental aprobarlo ya para recibir el siguiente tramo de los fondos europeos y porque es un paso previo a los Presupuestos. Sumar logró forzar cambios en la fiscalidad con evidente contenido progresista, como el 21% de IVA para las viviendas turísticas, la subida de dos puntos en la tributación de las rentas del capital a partir de 300.000 euros, un nuevo impuesto sobre los bienes de lujo o suprimir el régimen fiscal de las sociedades de inversión inmobiliaria (socimis) que utilizan algunas grandes fortunas para evitar impuestos. El fin de semana fue de negociación muy intensa y el acuerdo se presentó este lunes, poco antes de que estuviera previsto comenzar la Comisión de Hacienda en el que iba a votarse.
Sin embargo, una vez resuelto lo más complejo, esto es, el acuerdo interno en la coalición, que reactiva la negociación presupuestaria ―siempre se ha empezado por este pacto en fiscalidad entre el PSOE y Sumar― otra noticia mostró inmediatamente lo difícil que será ampliar ese acuerdo a una mayoría heterogénea en la que conviven grupos nítidamente de izquierdas con otros de centro como el PNV, que siempre discute las cuestiones tributarias y se preocupa por la gran empresa vasca, y otros claramente situados en una esfera ideológica en cuestiones impositivas más cercana al PP, como es Junts, que ha sido el que con más fuerza ha exigido que no se prorrogue el impuesto a las grandes energéticas.
El Gobierno se vio obligado a forzar la cancelación 45 minutos antes de que comenzara esa Comisión de Hacienda prevista, ante el riesgo de que ERC y Bildu tumbaran el paquete fiscal, que es imprescindible aprobar antes de que termine el año. No solo para poder prorrogar en 2025 el impuesto a la banca, una de las condiciones pactadas entre el PSOE y Sumar, sino sobre todo para cumplir con lo prometido con Bruselas y garantizar así que la Comisión Europea paga a España el nuevo tramo de 10.000 millones de euros de fondos europeos comprometidos.
El Ejecutivo comunitario ha presionado de forma insistente en los últimos meses con la idea de que España tiene una presión fiscal más baja que la media europea y necesita aumentar sus ingresos si quiere evitar ajustes. Un incumplimiento de este hito fiscal podría conllevar que no llegaran esos 10.000 millones, o al menos una parte. Sería un golpe de imagen duro para un Gobierno que siempre ha reivindicado que España es el país que más rápido ha recibido los fondos porque es el que mejor ha seguido todos los pasos marcados.
En La Moncloa confían en que esto simplemente sea un contratiempo temporal, y Hacienda ha reabierto la negociación, sobre todo con ERC, para lograr que se incorporen al acuerdo y aprueben el decisivo paquete fiscal, una fase previa a los Presupuestos, que se negocian aparte. La reunión se ha vuelto a convocar este jueves para poder votar en pleno el acuerdo la semana que viene, si es posible. Pero los argumentos de ERC ya indican la gran dificultad de poner de acuerdo a grupos que tienen posiciones muy diferentes en temas fiscales como ERC, Bildu, el BNG, Podemos, el PNV o Junts. “Cualquier medida que pretenda favorecer a la banca y a las eléctricas no va a encontrar nuestro apoyo. El PSOE debe volver a negociar”, dijo la portavoz de ERC, Pilar Valluguera.
La decisión llega en un momento político especialmente delicado para ERC: en pleno debate descarnado para ver quién gana su congreso, previsto para el último fin de semana de noviembre. Aún así, los republicanos parecen dispuestos a negociar, pero Junts por su lado también exige que se mantenga el compromiso alcanzado con ellos de no prorrogar el impuesto a las grandes energéticas. Sumar presiona hacia la izquierda, como se ha visto en el acuerdo presentado este lunes, pero el PSOE busca ampliar el espacio para poder incluir a todos, incluido el PNV y Junts, y garantizarse la aprobación de los Presupuestos, en los que también está el escollo final de Podemos, con una posición especialmente dura, y que también chocaría con otros socios.
El equilibrio es muy complejo, y de la misma manera que Junts también avisa de que podría tumbar otro hito fundamental para Sumar, esto es, la reducción de la jornada laboral, que rechaza la patronal, el grupo de Carles Puigdemont amenaza cualquier avance fiscal progresista. Aún así, el PSOE y Sumar están en contacto permanente con Junts y con todos los demás grupos, y buscan puntos de encuentro que permitan sacar adelante medidas con distintas alianzas sin que nadie vea comprometida su posición política.
El Gobierno trabaja con el escenario, y más aún después de la dramática dana, de que todo el mundo dentro de la mayoría puede ganar políticamente con los Presupuestos y todos pierden si no se aprueban. Sánchez ha insistido a todos sus interlocutores en que aunque no salieran, no habría adelanto electoral, pero toda la coalición trabaja con el escenario de sacarlos adelante y se multiplican las conversaciones y negociaciones en multitud de temas con relación directa o sin ella con las Cuentas. La coalición está intentando rearmar la mayoría para consolidar la legislatura. En el camino puede haber muchos tropiezos, como la cancelación de la comisión de Hacienda de este lunes, pero los negociadores multiplican sus reuniones discretas para tener unas Cuentas aprobadas en febrero o marzo y despejar la gran incógnita que sigue pesando sobre una legislatura que nunca ha terminado de arrancar políticamente del todo.
