La abogada Cecilia Pérez exigió a la Fiscalía la apertura de una investigación penal contra la jueza Carmen Silva, cuyos supuestos chats con Eulalio “Lalo” Gomes fueron revelados esta mañana. En las conversaciones se evidencia cómo la magistrada aparentemente operaba con el legislador fallecido para beneficiar al presunto criminal Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão. También le había advertido sobre allanamientos en el marco del operativo “Pavo Real”, contra Jarvis Chimenes Pavão, de acuerdo a los diálogos filtrados.
A través de un pronunciamiento en redes sociales, la abogada y exministra de Justicia Cecilia Pérez exigió a la Fiscalía que abra una investigación penal con relación a lo que se desprende de la filtración de chats entre la jueza Carmen Silva y Eulalio “Lalo” Gomes, que se dieron incluso antes de que el fallecido haya sido legislador.
En una de las conversaciones filtradas por la 1080 AM se evidencia cómo la jueza operó, con la venia de “Lalo”, para beneficiar al presunto criminal vinculado al Primer Comando da Capital (PCC) Waldemar Pereira Rivas, alias “Cachorrão”, quien fue absuelto de culpa y pena en juicio oral por un Tribunal de Sentencia de Amambay, presidido por la magistrada mencionada, en el marco del crimen del periodista pedrojuanino Leo Veras.
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“La Fiscalía había cuestionado la exclusión de las conversaciones que vinculaban a Cachorrão con el PCC. La Asociación de Fiscales del Paraguay se había pronunciado en defensa del trabajo realizado por su compañero asesinado (Marcelo Pecci), el tribunal de apelación anuló la absolución”, mencionó Pérez.
Por la absolución de Cachorrão, la magistrada Silva había sido suspendida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). Sin embargo, este órgano anuló dicha sanción contra la jueza.
Jueza advirtió a “Lalo” sobre allanamientos
Pérez también resaltó que la jueza habría cometido un delito agravado al alertar a “Lalo” Gomes, días antes, de la realización de allanamientos en Pedro Juan Caballero, cuando ella se desempeñaba en la jurisdicción de Amambay.
“Y advertir de allanamientos que serán realizados, con el riesgo evidente de afectar sus resultados, desde un juzgado que claramente tuvo acceso privilegiado a dicha información, es un delito agravado”, dijo.
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Los allanamientos a los que hizo mención la jueza tienen relación con los 26 procedimientos ejecutados en el marco del operativo “Pavo Real”, contra Jarvis Chimenes Pavão, causa en la cual el diputado fallecido fue vinculado en su fase dos.
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