Si fuéramos a recibir un boletín de notas sobre el estado de la inclusión laboral en España, la calificación probablemente no pasaría de un suspenso. No es que no se haya avanzado, porque la verdad de los datos afirma que se han producido avances; sino que aún queda mucho por hacer: solo el 28,5 % de las personas con discapacidad en edad laboral tiene trabajo, frente al 51,7 % de la población general, y su tasa de desempleo, del 19,7 %, es casi el doble (11,8 %). Un acceso al empleo difícil y con un impacto directo en su autoestima y en su capacidad para desarrollar un proyecto de vida independiente.
Partiendo del hecho evidente de que cada discapacidad es diferente, ¿a qué se debe este fenómeno? “Existen factores externos, como los prejuicios y los estereotipos, la falta de accesibilidad universal o la ausencia de oportunidades de capacitación; pero también internos: aunque las personas con discapacidad integran, cada vez más, el empleo en su propósito vital, en muchas ocasiones siguen influenciadas por narrativas obsoletas, muy arraigadas en la sociedad, que conducen a la sobreprotección y a poner el foco en sus limitaciones en lugar de sus capacidades”, explica Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.
Si los datos no parecen todo lo dramáticos que son, ahí va uno más: de los casi dos millones de personas con discapacidad en edad laboral, solo un 35 % es activo, es decir, que tiene trabajo o lo busca. En otras palabras: el 65 % de las personas con discapacidad en edad de trabajar es inactiva. ¿Las consecuencias? “Que se perpetúa la creencia de que son menos capaces en el ámbito laboral y que, por lo tanto, su única (o mejor) opción es ser asistidas y amparadas por las políticas sociales, y no buscar empleo”, añade Mesonero.
Los Centros Especiales de Empleo
Según datos aportados por la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee), del aproximadamente medio millón de personas con discapacidad trabajando, unas 111.000 lo hacen bajo el paraguas de los CEEs, empresas reguladas de iniciativa social o empresarial en las que al menos un 70 % de sus empleados son personas con discapacidad, y cuyo objetivo es servir de puente para lograr la inserción última de estos trabajadores en la empresa ordinaria.
En España hay, en total, más de 2.300 de estos centros en sectores tan diversos como los servicios, la hostelería, la industria, la atención al cliente, el tecnológico o manipulados. Más allá de facilitar el trabajo de las personas con discapacidad, les ofrecen formación desde el empleo y una ayuda adicional muy diversa a través de unas unidades de apoyo que incluyen psicólogos, pedagogos o asistentes sociales.
“Como no estamos orientados a una discapacidad concreta, puede surgir desde que se necesite una adaptación al puesto, que lo tengamos que coordinar con prevención de riesgos, o que necesiten formarse en habilidades comunicativas a la hora de hacer sus labores diarias, orientarse al trato con el público o relacionarse entre los mismos compañeros”, cuenta Ana Campos, técnica de la unidad de apoyo de Integra CEE. Luego está la labor que desarrollan con aquellas personas con una discapacidad sobrevenida “que no se acostumbran a su nueva situación, y ahí es necesario trabajar mucho sobre ese trabajador y por el estigma que tiene sobre su propia discapacidad”.
A las empresas ordinarias, por su parte, les ofrecen la posibilidad de cumplir con un doble propósito: conseguir una solución social y competitiva a sus necesidades y cumplir con el requisito legal que la Ley General de la Discapacidad marca para las empresas de más de 50 trabajadores (un 2 % de los empleados con discapacidad), obligación que no siempre se respeta: “Desde las empresas se está trabajando y avanzando mucho, pero aún falta. Hace años se hizo un estudio en el que se afirmaba que el 80 % de las empresas de más de 50 empleados aún no cumplía con la cuota mínima establecida por ley”, sostiene Albert Campabadal, presidente de Conacee. Un punto aparte merece también la brecha salarial entre los trabajadores discapacitados y el resto.
“Hay una mayor concienciación, interés e implicación en la inserción laboral de las personas con discapacidad, pero a veces les cuesta. No sé si es por desconocimiento, por miedo a algo que no conocen o porque les cuesta acceder a las fuentes de reclutamiento donde encontrar a más personas con discapacidad. Y puede que no estén preparadas para hacer ese acompañamiento, esas adaptaciones al puesto de trabajo que necesita muchas veces un empleado con discapacidad, y que por eso no esté llegando la inserción que debería haber en la gran empresa”, afirma Campabadal.
El problema es que muchas veces esa labor transitoria que se les supone a los CEEs de camino a la empresa ordinaria se convierte en definitiva y hace que las personas con discapacidad no se planteen nuevos horizontes profesionales, ya que allí se encuentran más protegidos. Aunque “en muchos casos, el centro especial de empleo trabaja en la propia empresa ordinaria, prestándoles servicios. Y eso es una muy buena herramienta para que la empresa ordinaria se de cuenta de las capacidades que tiene la persona con discapacidad (…) y la pueda acabar incorporando directamente”, esgrime el presidente de Conacee.
Formación para y desde el empleo
Khalid El Mansouri, de 41 años y originario de Marruecos (de donde llegó con solo seis) es una de esas personas que encontró empleo a través de un CEE (en su caso, Integra CEE). Con una discapacidad visual severa, trabaja como auxiliar de información en distintas localizaciones dependientes del Ministerio de Defensa, haciendo labores que van desde la atención al público a la recepción, el manejo de ordenadores y la apertura y cierre de las distintas instalaciones de los centros. “Antes [de llegar a Integra], lo que yo hacía era encadenar contratos temporales. Pero eso, sobre todo si tienes cargas familiares como yo (tiene dos hijos), te va generando mucha incertidumbre y desasosiego”.
El acompañamiento que Mansouri ha recibido le ha permitido aprender a autogestionarse y ser más resolutivo, además de completar diversos talleres formativos que mejoran sus habilidades personales y profesionales para el empleo. “Las competencias blandas como el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, la flexibilidad o la actitud positiva son tan importantes como las habilidades técnicas, por lo que es esencial formarse en ellas”, recuerda Mesonero. “Y también es crítico trabajar las competencias digitales e incluso, en función del tipo de discapacidad, desarrollar competencias prelaborales asociadas a una vida independiente como son, por ejemplo, la gestión del dinero, el transporte o la autonomía en la vida diaria”.
Otra de las problemáticas que con frecuencia afectan a los trabajadores con discapacidad está relacionado con la certificación de sus competencias profesionales. “Nos encontramos, en muchos casos, a gente que lleva trabajando muchísimo tiempo en una determinada profesión, sea jardinero o limpiador, y que a pesar de tener muchísimas horas acreditadas no poseen ninguna titulación que acredite esos mismos conocimientos. Por eso, es necesario trabajar con ellos este aspecto, para ayudarles a conseguir esos certificados de profesionalidad”, explica Campabadal. Un aspecto, por otra parte, mucho más estructurado y organizado desde la reforma de la Ley de Formación Profesional.
El impacto de la futura Ley de Economía Social
Desde Conacee, sin embargo, están preocupados por el impacto que pueda tener en su labor la aprobación de la futura Ley Integral de Impulso de la Economía Social, actualmente en fase de enmiendas dentro de su tramitación parlamentaria. Un proyecto de ley que, según Campabadal, tendrá como consecuencia la expulsión de la economía social (y, con ello, de la recepción de ayudas públicas) de los centros especiales de empleo que no sean de iniciativa social, algo que rechazan desde el Gobierno.
“Hay que tener en cuenta que, de las 111.000 personas que trabajan en CEEs, un 58 % (64.000) lo hacen en centros especiales de iniciativa empresarial”, recuerda el presidente de Conacee, para quien este proyecto de ley hará que, “el día de mañana, cuando salgan ayudas, subvenciones o bonificaciones, solo puedan presentarse los centros que formen parte de la economía social; ello hará que muchos centros tengan que cerrar y que las personas con discapacidad [allí empleadas] se vayan a la calle”.
Aunque la norma no contempla la exclusión, de facto, de este tipo de centros especiales de empleo de la recepción de ayudas, Campabadal se muestra convencido de que así será en un futuro, teniendo en cuenta los antecedentes: “A partir de 2017, a través de la ley de contratos del sector público, ya se excluyen a los CEEs que no sean de iniciativa social de la contratación reservada que hay en los contratos públicos”. Hace referencia también al convenio de los centros especiales de empleo que, desde 2019, “crea una doble escala salarial. Mientras los CEEs de iniciativa social pagan a sus empleados según su convenio, los de iniciativa empresarial han de pagar a sus empleados según el convenio de la actividad, que es generalmente más alto. Eso hace que, al acudir a un concurso público, tengan que presentar una oferta más alta”, señala.
Desde el Gabinete de Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, se aclara sin embargo que la intención de la futura forma es la de reforzar el papel de aquellos centros que reinviertan íntegramente sus beneficios en la creación de empleo para personas con discapacidad y en la mejora continua de su actividad:
“Los CEEs de iniciativa social, promovidos mayoritariamente por entidades sin ánimo de lucro o de reconocido carácter social, tienen un compromiso estructural con la reinversión en el empleo inclusivo. El proyecto de ley no excluye a los CEEs de iniciativa empresarial de la economía social: aquellos que operen bajo los principios que recoge el artículo 4 de la futura Ley podrán seguir formando parte de ese ecosistema, siempre que estén incluidos en el catálogo de entidades”, sostiene María Luz Climent, consejera de información en el Gabinete de Díaz.
Un anteproyecto que, a su juicio, no compromete en ningún caso el funcionamiento de los CEEs de iniciativa empresarial, ya que seguirán teniendo, como mínimo, acceso a otro tipo de ayudas (como las del SEPE). Y es que, reivindica, “la regulación sobre subvenciones permanece intacta (..) y, por ello, no tiene sentido generar alarmas infundadas en el sector. Lo que sí hace la ley es reforzar el reconocimiento de los CEEs de iniciativa social como actores clave dentro de la economía social”.
