El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Pozoblanco ha abierto diligencias contra el alcalde de esa localidad cordobesa, Santiago Cabello (PP) por presuntas irregularidades en los procesos de contratación entre 2020 y 2024. Su titular ha decidido admitir a trámite la querella que Izquierda Unida presentó el pasado mes de octubre por entender que “los hechos relatados presentan, aparentemente, los caracteres de un delito de prevaricación administrativa”.
En esa querella, IU denunciaba que “desde el Ayuntamiento se había sostenido un entramado de contrataciones temporales fuera de la normativa y reglamento de bolsa de empleo”, tal y como ha avanzado Cordópolis. La abogada de la coalición, Amanda Meyer, fundamentó la vía judicial en que ese tipo de contratación era “continuado en el tiempo”, “no se tenían en cuenta las advertencias de la secretaría general o la intervención” y que esas contrataciones temporales se realizaron “al margen del reglamento de la bolsa de empleo”.
Entre todos los contratos presentados, IU incluyó también el del hijo de la secretaria del alcalde que estuvo cobrando casi 7.000 euros por un puesto de trabajo otorgado por el consistorio, para el que no había sido designado y que nunca desempeñó. El PSOE denunció al regidor ante la Fiscalía por esa contratación en concreto, a la que se le dio el nombre del joven intruso, que archivó la investigación en pasado mes de septiembre. Aunque el ministerio público sí observó “la existencia de irregularidades en el proceso de contratación”, entendió que no se daban los “indicios mínimos de criminalidad”, porque el alcalde no observó una “conducta injusta o arbitraria”.
Con la admisión de la querella de IU, el juez analizará esta contratación, además del resto de las realizadas entre 2020 y 2024. Cabello ha sido citado en calidad de querellado el próximo 11 de marzo, al igual que la exconcejala de Recursos Humanos, María Inmaculada Reyes Cuadrado. Se da la circunstancia de que su sucesor en ese cargo, Gerardo Arévalo, fue quien denunció al alcalde los pagos irregulares del joven intruso, una decisión que le costó el puesto.
