El sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que arrancó con la promesa de convertirse en el más transparente en la historia de México, dejó un legado de opacidad y un retroceso grave para que las y los mexicanos puedan ejercer libremente su derecho de acceso a la información, vigilar el comportamiento de los servidores públicos y, en general, de la Administración pública del país.
Más que abrir datos y rendir cuentas, el Gobierno federal —bajo la primera Administración de la autodenominada Cuarta Transformación— reservó una cantidad sin precedentes de datos y de información pública, debilitó la estructura del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), bloqueó su buen funcionamiento y la asfixió presupuestalmente. El expresidente, en algún punto de su sexenio, decidió desaparecer esta institución autónoma encargada de garantizar la transparencia y el acceso a la información de los mexicanos. Como muestra: en el portal de transparencia, de 2018 a 2023, las dependencias públicas —que por ley tienen que reportar un catálogo mínimo de datos y de información para ponerla a disposición pública— redujeron en más del 35% la información que reportaban.
