“Prefiero que parezca un accidente de coche”. Con ese mensaje, J. B. encargó supuestamente el asesinato de su expareja, Ana García Castro, vecina del municipio gallego de Barro (Pontevedra). Lo hizo en una página de contratación de sicarios en la deep web en la que pagó 18.000 euros en bitcoin. El caso ocurrido en Galicia es el primero en España de este tipo del que tiene constancia la Guardia Civil.
Todo empezó el 18 de octubre de 2020. Ese día, J. B. consiguió entrar en una página llamada Internet Killers, alojada en lo que se conoce como “Internet profunda”, una parte del ciberespacio a la que no se accede por los motores de búsqueda tradicionales. Allí inició la orden. Dio todos los datos de García que conocía: su dirección, las dos pescaderías en las que trabajaba en Pontevedra y Caldas de Reis, a qué hora salía de casa, el modelo y color de su coche, y hasta la matrícula.
El primer pago fue de 1,04 bitcoin, que entonces equivalían a 13.782 dólares, unos 13.035 euros. Era 23 de octubre. J. B. pidió entonces que pareciera un accidente de coche y le deseó “buena suerte” al sicario, al que dio una semana de plazo para que asesinara a García. Pero algo falló. El 22 de noviembre, el administrador de la web escribió a J. B. para comunicarle que el sicario no había podido llevar a cabo el encargo y necesitaban usar a alguien mejor: un exmilitar entrenado que podría ejecutar la orden en 2 o 3 días. Eso sí, le iba a costar 5.000 dólares más, unos 4.730 euros, que pagó el 25 de noviembre.
En total, J. B. se gastó casi 18.000 euros en intentar matar a García, pero había dos cosas importantes que él no sabía entonces. Una, que la web era un fraude. Nadie iba a mandar a ningún sicario a matar a García. La otra, que un hacker había conseguido romper la seguridad del sitio web y estaba viendo todas las conversaciones que los supuestos homicidas tenían con el administrador.
Este pirata informático se puso en contacto con un periodista experto en seguridad de Reino Unido, Carl Miller, y este activó una red de periodistas en todo el mundo para avisar a las víctimas y ayudarles a denunciar. El contacto con Ana García Castro fue el 25 de noviembre, que resultó ser el mismo día en que J. B. pagó la segunda parte del precio de su supuesto asesinato.
El seudónimo que el sospechoso utilizó era Jonny25. Al principio, García no identificó ese nombre con su expareja y acudió a poner la denuncia a la Comisaría de Policía Nacional de Pontevedra sin una acusación clara. Pero lo que no se esperaba era oír desde la sala de espera cómo los agentes se reían de la denuncia. “Esto es una película de ciencia ficción”, “venga ya, un intento de asesinato encargado en la ‘Internet profunda”, escuchó. La misma noche, se fue a la Comandancia de la Guardia Civil y allí sí se tramitó la denuncia.
Un mes después, los agentes de la Guardia Civil detuvieron a J. B. y se incautaron de un ordenador y un teléfono móvil que, sin embargo, estaban encriptados. Pero cometió un fallo: había abierto la cartera digital con la que hizo las transacciones en Internet Killers con la dirección de correo electrónico de su negocio. Aun así, la jueza no creyó que su expareja representara un peligro real para García, al ser la web un fraude, y lo dejó en libertad horas después.
La Guardia Civil, que lo acusa de tentativa de homicidio o asesinato, le aconsejó a ella que pidiera una orden de alejamiento, pero también fue rechazada: el algoritmo del sistema VioGén determinó que como hacía más de cinco años que habían terminado la relación, García ya no estaba en riesgo. Nadie tuvo en cuenta que el acusado había pagado 18.000 euros para que alguien la matara y que además vivía a apenas 30 kilómetros de ella.
“Cuando salía del mercado, miraba a mi alrededor, tenía miedo. Ya no tengo la calma que solía tener en mi vida”, dice García. Durante la relación sufrió maltrato psicológico, sobre todo desde que él se enganchó al póker online, según relata la mujer, pero nunca había llegado a la violencia física. En todo caso, no lo denunció por violencia machista cuando estaban juntos. Con su arresto y puesta en libertad, García no volvió a quedarse sola en casa. Cada vez que cogía su coche, miraba obsesionada todas las matrículas con las que se cruzaba. Y hasta hoy, cuatro años después.
Pero el caso tenía aún otras sorpresas reservadas. Meses después del arresto, ya en 2021, la actual pareja de García contrató a una detective para un asunto de su negocio y le contó el calvario por el que estaban pasando. Esta profesional, Raquel Probanza, recordó a un hombre que hacía unos años le había pedido investigar a una mujer. Contaba que le habían desaparecido 200.000 euros de casa y pensaba que se los había robado su exnovia. Aquel cliente era J. B. y la exnovia, Ana García. La detective hizo sus pesquisas y no halló ninguna prueba del robo. Pero el hombre no estaba contento y meses después la volvió a contactar y le pidió verse en persona. Tenía una consulta que no podía hacerle por teléfono.
“Estaba convencido de que Ana le había robado el dinero y no quería que se saliera con la suya. Quería saber cómo hacer un ajuste de cuentas sin que las pruebas apuntaran hacia él. Cuando le pregunté qué quería decir con esa expresión, él solo me dijo ‘¿qué crees que significa un ajuste de cuentas?”, recuerda la detective. Pensó en denunciarlo, pero el Colegio Profesional de Detectives Privados y Privadas de Galicia le advirtió de que si lo hacía, él sabría que lo había denunciado ella. Así que Probanza se resignó, pero estuvo meses escrutando la prensa local. “Nunca me habían pedido algo tan salvajemente ilegal”, afirma. No desaprovechó esa segunda oportunidad y redactó un informe que se incorporó a la causa.
“Una pesadilla que nunca termina”
Mientras García se preguntaba “¿cuántas veces ha intentado matarme?”, la misma jueza decidió archivar temporalmente el caso en abril de 2023. Consideró que no había pruebas suficientes. Solo unos días después, mientras trabajaba en la pescadería, García vio pasar a J. B. empujando su bicicleta por delante de la tienda. La miró fijamente a los ojos. “Me puse muy nerviosa, fue como revivir otra vez esta pesadilla que nunca termina”, rememora ella.
Pero no flaqueó y recurrió el archivo. Y por fin, la Audiencia Provincial de Pontevedra ordenó el pasado abril que se reabriera el caso y que se agotaran todas las vías de la investigación. Una de ellas es desencriptar los dispositivos que se le incautaron a J. B. Cuando la Guardia Civil lo intentó, su sistema no tenía los recursos suficientes. El programa que prueba todas las combinaciones posibles para abrir los dispositivos estimó que tardaría 100 años en dar con la clave. El abogado de García, Andrés Méndez, ha conseguido que de esa labor se haga cargo ahora la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Santiago y confía en que finalmente habrá juicio.
“No entiendo la finalidad de este proceso, porque las transacciones ya están demostradas”, señala una fuente de la Guardia Civil. Los investigadores están molestos con el tribunal, que sigue sin ponerle fecha al juicio más de cuatro años después y aún no lo califica como violencia de género. El caso de García es uno de los más de 175 que ha destapado la investigación encargada por la productora Novel a una red de periodistas en todo el mundo, y forma parte de la serie documental de podcast Kill List, que emite Amazon. Es el único caso que sigue pendiente de juicio. Tanto tiempo después, García vive entre la esperanza y la resignación: “Si algún día tengo justicia, aunque solo sea un poco, podré volver a tener una vida normal”.
